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La caída en el uso de métodos anticonceptivos es una realidad constatada desde hace años, especialmente entre la población joven. Eso ayuda a entender que una quinta parte de los nuevos diagnósticos de gonorrea corresponden a menores de 25 años; y hasta un 37 % para la clamidia. Al margen de la propagación de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), la falta de uso de anticonceptivo también da pie a embarazos no deseados.
Tanto es así, que la mitad de las mujeres que en Alicante optan por la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) no utilizaron métodos anticonceptivos. Así viene reflejado en los datos hechos públicos por el Ministerio de Sanidad relativos a 2023, año en el que la provincia alicantina registró un total de 3.763 IVE.
Los guarismos publicados por Sanidad permiten establecer un perfil de mujeres que optan por esta medida en los supuestos que permite la ley. De esta forma, sabemos que en la inmensa mayoría de los casos (cerca del 79 %), la interrupción se produjo en las 8 primeras semanas de gestación. Durante ese periodo, la mujer puede abortar libremente, siempre que se le haya informado sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad.
A partir de las 14 semanas, la motivación debe estar justificada por razones médicas, como el hecho de que se ponga en grave riesgo la salud de la mujer (26 casos el pasado año en la provincia), riesgo de anomalías fetales graves (117), y anomalías fetales incompatibles con la vida.
Por edad, el segmento que más IVE concentra es el de 20 a 24 años (864), aunque también se aprecian cifras elevadas entre los 35 y los 39 años (631), y los 40 y 44 (274), lo que evidencia el progresivo retraso en la edad de maternidad que se experimenta de un tiempo a esta parte. En el 67% de los casos, la mujer no había tenido una interrupción previa, y en algo más de la mitad de los casos no tenían hijos cuando optaron por la IVE.
Por nivel de estudios, la mayoría de las que interrumpieron su embarazo tenían bachillerato o un ciclo formativo (1420), seguida por ESO (1153) y estudios universitarios (812).
Con relación al derecho al aborto en nuestro país, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado recientemente que el Ministerio ya tiene listo el borrador de protocolo de registro de personas objetoras de conciencia. Este protocolo responde «a una deuda pendiente» que marca la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Su implementación, ha dicho la ministra, garantizará el cumplimiento de la ley y establecerá las bases para que las comunidades autónomas desarrollen sus registros de objetores de manera homogénea y coordinada en todo el territorio, asegurando que no haya lugar para excusas o vacíos legales.
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