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La consellera de Justicia, Elisa Núñez, con el alcalde de Alicante, Luis Barcala, en las obras de la Ciudad de la Justicia de Alicante. Miriam Gil Albert
La Generalitat pedirá al Ministerio descentralizar el TSJ a Alicante

La Generalitat pedirá al Ministerio descentralizar el TSJ a Alicante

La consellera Elisa Núñez solicita al Gobierno las salas de de lo Social y de lo Contencioso-Administrativo en la futura Ciudad de la Justicia

Viernes, 5 de abril 2024, 16:41

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La Generalitat Valenciana tratará de impulsar la creación en Alicante de salas desplazadas de lo Social y de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), una reivindicación «histórica», para la consellera de Justicia, Elisa Núñez.

«Tiene un intenso calado por varios motivos. Satisfacemos una reivindicación de todos los profesionales y operadores jurídicos de la provincia de Alicante, una reivindicación histórica. Además, vamos a contribuir a que se vertebre España, que se vertebre la Comunitat Valenciana a través de sus provincias, que son las que verdaderamente tienen una fortaleza territorial. Y cumplimos con un principio democrático esencial, que es acercar la justicia a los ciudadanos, mejorar el tiempo de respuesta y descargamos de trabajo a las salas de lo contencioso administrativo y de lo social de Valencia», ha explicado.

Para conseguir la descentralización, los grupos parlamentarios de Les Corts deberán proponer al Gobierno que impulse la modificación de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, «de tal manera que se contemple una descentralización de salas que ya existe en otras regiones de España, como Andalucía, Galicia o Castilla y León». Confía que «todos los partidos, incluidos el PSOE y Compromís, reclamen al Gobierno de Pedro Sánchez lo que Alicante necesita».

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Al respecto, Luis Barcala ha calificado esta propuesta de «fantástica noticia», ya que ha señalado que «supone un gran ahorro en costes de traslados y de horas de trabajo, al tiempo que propician el acercamiento de la justicia a los ciudadanos alicantinos».

«Son motivos que justifican más que de sobra esta decisión de modificación de la Ley de Demarcación y Planta Judicial que agradecemos y a la que nos sumamos reclamando su ejecución por el Gobierno de España, para que no se genere un nuevo agravio con Alicante como viene ocurriendo en los últimos años con los gobiernos de Pedro Sánchez», ha sostenido.

Las nuevas infraestructuras, en 2026

En cuanto a la Ciudad de la Justicia en Alicante, la finalización de las obras está prevista para finales de 2026, «con una inversión que habrá supuesto un total de 85 millones, la más importante de toda la legislatura», ha apuntado Núñez. La Conselleria de Justicia va a poner en marcha en 2024 una inversión superior a los 3,1 millones de euros en nuevas actuaciones para instalaciones judiciales en la ciudad de Alicante. Entre ellas, la nueva sede para el Tribunal de Marcas de la Unión Europea, y otras cinco intervenciones para mejorar instalaciones existentes, ha indicado.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha puesto en valor unas obras «absolutamente imprescindibles», ya que se trata de «una deuda histórica, por ser Alicante la única capital o cabecera judicial que no disponía de una Ciudad de la Justicia con el volumen de trabajo que tiene ahora mismo».

7 plantas de altura

con dos sótanos, semisótano y aparcamiento

47.000 metros cuadrados

de superficie en total sobre una parcela de 5.000

Barcala, abogado de profesión, recuerda que «es una reivindicación antiquísima de los abogados y procuradores la necesidad de buenas instalaciones. La cantidad de pleitos que se generan en la provincia ya motivó en su momento esa sala desplazada de la Audiencia Provincial a Elche».

Por otra parte, ha destacado que el edificio judicial también cumplirá una función de elemento arquitectónico vertebrador de tres barrios -Benalúa, Alipark y Princesa Mercedes-, con la creación de una gran plaza central, zonas verdes y diferentes espacios urbanos abiertos a la ciudadanía en general.

La nueva Ciudad de la Justicia de Alicante permitirá terminar con la dispersión de sedes, hasta ocho, que albergan actualmente los órganos judiciales unipersonales que dan servicio a una población de casi 400.000 habitantes censados.

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