La jueza de la dana obligará a declarar al presidente de la CHJ

La jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Torralbo, continúa su investigación sobre la gestión de la terrible dana del 29O, que costó la vida a 233 personas. En una tercera ronda de comparecencias, ha citado a 13 testigos para que expliquen qué es lo que ocurrió ese fatídico martes de octubre. Es una tercera ronda de declaraciones a colación de las que ya se han tomado, en calidad de investigados, a la exconsellera Salomé Pradas y al exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.

La jueza, sin embargo, no los ha citado como investigados, sino como testigos. Condición por la que acuden sin letrado, pero que les obliga a decir la verdad. En la lista de comparecientes destaca el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, al que desde la Generalitat se ha culpabilizado de no ofrecer información sobre el barranco del Poyo. Algunas investigados habían solicitado que compareciera como investigado, punto que la juez ha rechazado. El responsable del organismo de cuenca, dependiente del Gobierno de España, todavía no ha dado su versión de los hechos. Ahora, tendrá que hacerlo en el juzgado.

Además, la juez ha citado a los alcaldes de Paiporta, Maribel Albalat, Catarroja, Lorena Silvent, y Sedaví, José Francisco Cabanes; la del entonces jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, José Miguel Basset, y de otros ocho técnicos y altos cargos de Emergencias.

Todos comparecerán como testigos. La jueza entiende que la condición de investigado, como le reclamaba entre otros Argüeso, «solo estaría legitimado en su petición por quien ostenta la condición de perjudicado, y requeriría una motivación específica que no se explicita en la petición» de Argüeso, y añade que ni la integración de estas personas en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) ni el hecho de que formen parte de la Administración Autonómica encargada de la emergencia es «elemento suficiente, tampoco las manifestaciones de los investigados».

«En caso contrario, nos encontraríamos ante una evidente atribución genérica e indiscriminada de responsabilidades respecto de unos hechos de extrema gravedad, en relación a los cuales se ha detallado extensamente su objeto, efectuado precisamente por quien ostentaba la condición de Secretario Autonómico de Emergencias y respecto de alguno de los cuales resulta claro que habían de seguir sus instrucciones y directrices en la gestión de emergencias. Lo contrario supondría vaciar el propio significado de lo que constituye el cargo que ejercía como Secretario Autonómico de Emergencias», señala la magistrada.

La juez golpea en su auto la llamada «tesis de la ignorancia» excusada por el exresponsable de Emergencias. Así, en su escrito, sostiene que su cargo «no puede limitarse a esperar que se le informara, aunque datos, circunstancias, llamadas, informes estaban plenamente a su alcance». «Ello hace difícilmente admisible la tesis de la ignorancia sobre la evolución de la emergencia, pero en cualquier caso ante un evento meteorológico gravísimo, podía solicitar él mismo que se le informara», apunta.

«No se puede alegar un desconocimiento de los responsables de emergencias de la Generalitat Valenciana del SAIH, ni de la posibilidad de acceso al mismo, ni de forma paralela atribuir responsabilidad penal al presidente de la CHJ, ni a prácticamente todos los cargos, directivos o no, de dicho organismo», subraya la instructora, que añade que, más allá de la remisión de correos electrónicos entre las 16:13 y las 18:43 horas que informaban sobre el caudal, «ha de atenderse a la información que se proporcionaba por el SAIH», que reflejó una subida de 493.3 m3/segundo a las 18.00 a 1.941 a las 19.20.

La forma de visualización era, como se señala en el informe de la CHJ, a través de la aplicación la SAIHWIN, una app «que se afirma se dispondría por la CCE». En esta línea, señala que «no es admisible en modo alguno» que se desconozca por el secretario autonómico el SAIH ni la forma de acceso a los datos. Y recalca que, en el caso de que fuera así, «dicha ignorancia sería parte de la negligencia que se le ha de atribuir en la gestión de una emergencia».

Además, subraya que debe tenerse en cuenta el tipo de emergencia ante la que se encontraba la provincia de Valencia el 29 de octubre: «un gravísimo riesgo de inundación» y recuerda que el propio investigado remitió un mensaje a las 14:44 horas, vía whatsapp, a un chat en el que decía que los barrancos «están a punto de colapsar».

«Lo que supone un conocimiento claro de que podían producirse desbordamientos, no solo por la zona de Carlet, sino respecto del barranco del Poyo. Se olvida de manera reiterada que debe existir una conexión entre los fallecimientos, la posición de garante y la inactividad de quien ocupaba dicha posición», concluye.

La jueza sí admite los testimonios como testigos del Director General de Emergencias y Extinción de Incendios, Alberto Javier Martín; el director de la empresa pública SGISE, Raúl Quílez; la directora general de Prevención de Incendios Forestales, Rosa Tourís; el Subdirector General de Emergencias, Jorge Suárez; los tres alcaldes; la comisaria de Aguas de la CHJ, Cristina Sola; la Comisaria Jefa de la Unidad Adscrita de la Policía Autonómica que estuvo en el Cecopi; la Jefa del servicio de coordinación de 112, Inmaculada Piles, y una técnica de Comunicación.

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