La Generalitat recurrirá la caducidad de los procedimientos judiciales «para recuperar los 170.000 euros perdonados al hermano de Ximo Puig»
Mazón recuerda la puesta en marcha de una auditoria para «perseguir el malgasto y las irregularidades« del Botànic
El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado que la Abogacía de la Generalitat recurrirá la caducidad de los procedimientos judiciales e iniciará un nuevo proceso con el fin de que los valencianos «puedan recuperar los 170.000 euros que el Botànic perdonó al hermano de Ximo Puig de una vez por todas».
Así lo ha manifestado durante su intervención en la sesión de control celebrada este jueves en Les Corts, donde ha recriminado a la oposición «la utilización de recursos públicos para beneficiar a los familiares de Ximo Puig» y ha hecho referencia a la sentencia que pone de manifiesto que por 3 o 4 días los ciudadanos de la Comunitat Valenciana han perdido 170.000 euros que han ido «al bolsillo de los amigos del hermano del expresidente».
Así, ha señalado que la Unidad de Delitos Económicos de la Guardia Civil revela que el Consell del Botànic justificaba subvenciones en la Comunitat Valenciana con videos de Aragón y Cataluña. Mazón también ha recordado que las empresas contra las que se dirigía el reintegro de subvenciones incumplieron las condiciones necesarias para obtener subvenciones y fueron sancionadas por la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana en el año 2020 con una multa de 26.103,5 euros por infracción muy grave.
Noticia relacionada
Los dos Francos vuelven al debate de Les Corts en 2024
El presidente ha vuelto a recordar la decisión del Consell de iniciar una auditoria para «perseguir el malgasto y las irregularidades del anterior gobierno del Botànic» puestas de manifiesto por la intervención o la Sindicatura de Cuentas como «la contratación de más de 2.000 personas sin autorización o la adjudicación a dedo y sin expediente de más de 786 millones de euros».
Igualmente, ha subrayado la apertura de diligencias del Tribunal de Cuentas a raíz del informe de fiscalización de las cuentas de 2022 de la Generalitat Valenciana en el que se están investigando «presuntas irregularidades en la ejecución de los contratos para la prestación del servicio de asistencia sanitaria».
