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Los nuevos responsables de la Generalitat Valenciana van conociendo día a día los entresijos de la Administración autonómica que se han encontrado. Todavía no todos, claro. Aun quedan muchos cajones que abrir y hasta habrá que realizar una auditoría completa de las cuentas públicas. Pero comienzan a ser conscientes de lo que hay o, mejor dicho, de lo que no hay.
De hecho, la consellera de Hacienda, Economía y Administraciones Públicas, Ruth Merino, ya ha lanzado un primer aviso en la rueda de prensa posterior al Consell: ha prometido acabar con la «deriva irresponsable» de la escalada del déficit público en la Comunitat Valenciana. El presidente, Carlos Mazón, ya ha comenzado a recortar por donde puede, es decir, en el número de consellerias y de altos cargos, lo que se traducirá en un primer ahorro de tres millones de euros anuales en gasto corriente.
Por el momento, es el único mensaje que se lanza desde el Consell: solo habrá recortes en «gasto político y superfluo, nunca en servicios fundamentales». La también portavoz del Consell ha aseverado que el Ejecutivo terminará con «duplicidades y todo aquello que suponga una ineficiencia en la gestión».
Merino ha señalado que la Cuenta de la Generalitat, que se publica este viernes, «va a confirmar esos datos que nos temíamos y que se han ido conociendo a través de otros organismos». Ha alertado de la «situación financiera muy preocupante» de la administración valenciana en «muchísimos de sus ratios e indicadores».
3.847 millones de euros
es el déficit anual de la Generalitat Valenciana
12.128 euros
debe cada ciudadano de la Comunitat Valenciana
El déficit actual de la Generalitat Valenciana se ha disparado «durante muchísimos años» hasta la «escalofriante cifra» de 3.847 millones de euros, en el que está ahora, una cifra que supera el 3% del PIB. En términos absolutos, «cada valenciano debe 12.128 euros».
¿Y cuál es la solución? Pues solo hay dos maneras en la ortodoxia económica: el aumento de ingresos y la reducción de gastos. Entre los primeros, Merino ha subrayado también que la Comunitat Valenciana está «injustamente infrafinanciada». El cambio del modelo de financiación autonómca es competencia del Gobierno central y con Pedro Sánchez en Moncloa, si continúa, va a ser un hándicap con el que tenga que enfrentarse el Consell.
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Así pues, solo queda mejorar los ingresos. A pesar de que la primera medida del Consell fue eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, la responsable de Hacienda espera que, aunque se dejen de recaudar 392 millones de euros, «con unas mejores condiciones fiscales, el crecimiento va a estar a la orden del día en la Comunitat Valenciana».
La consellera ha indicado que estos dos tributos suponen un 1% y un 0,1% de la recaudación total de la Generalitat, con lo que considera que la «reactivación económica» que generará su bonificación. «Cuando la gente pueda aceptar las herencias, ya que 5.000 valencianos han tenido que renunciar a ellas, esos inmuebles se van a poner en circulación y van a empezar a generar rendimientos y actividad económica», ha asegurado.
«Esto no es inmediato, no va a ser el mes que viene, pero van a empezar a producir rendimiento de forma eficaz y con bastante inmediatez», ha agregado. De hecho, ha asegurado que en la ejecución del presupuesto en lo que queda en 2023 «ya se va a notar esa eficiencia y esa gestión de los recursos».
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