Eva Ortiz: «No es admisible que los alicantinos paguen las fiestas de Sánchez»

Los populares son conscientes de que su fuerza para intentar frenar la investidura de Sánchez pasan por una presión de la opinión pública en primer lugar. La secretaria primera de la Mesa y senadora popular alicantina, Eva Ortiz, ha insistido en las consecuencias económicas colaterales que conlleva esta negociación: «La investidura de Sánchez conlleva una amnistía, un referéndum y una quita de la deuda a cambio de subir los impuestos al resto de los españoles», ha enfantizado.

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José Vicente Pérez Pardo

«No puede ser que los alicantinos paguemos las fiestas de Sánchez», ha insistido Ortiz en la línea marcada este jueves por el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras. Un nuevo argumento añadido de los populares a los de la «desigualdad» entre españoles a la hora de cumplir con las leyes.

A esto se incluye las «faltas de respeto» y declaraciones «insultantes» del presidente de la Generalitat catalana, Pere Aragonés, contra la Comunitat Valenciana. Aragonés calificó, según el PP, a la Comunitat Valenciana como «parte de Cataluña» e indicó que «el valenciano no existe, sino que es parte del catalán». Todo ello, «sin que el PSPV defendiera a esta tierra». Frente al «silencio» de los socialistas, Ortiz ha contrapuesto el mensaje del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, contra el «chantaje permanente» de los independentistas a Sánchez.

El PP articulará su oposición a través de los dos baluartes con los que cuentan: las comunidades autónomas y el Senado. En la Cámara Alta, el Partido Popular utilizará «cualquier posibilidad dentro de la ley para parar la Ley de Amnistía», ha anunciado. Los populares tienen mayoría absoluta en esta Cámara y la Ley de Amnistía debe pasar obligatoriamente por sus manos al ser una Ley Orgánica.

Ortiz considera un «dislate» siquiera la proposición de una norma «para que el resto de españoles pidamos perdón a los que saltaron la ley», en referencia a Carles Puigdemont y al resto de implicados en el 'procés' independentista. Y anuncia: «Si se produce una amnistía, que supone la ruptura de España por mantener un sillón, se irá a los tribunales», a través de las autonomías con un recurso al Tribunal Constitucional.

El Gobierno ya tiene previsto este escenario, de ahí la premura por nombrar como presidente a Cándido Conde-Pumpido, quien se considera afín a las tesis gubernamentales. Sin embargo, a expensas de la batallla legal, Ortiz antepone una pega de índole moral: «No es admisible que el resto de españoles pidamos perdón a los que se saltaron la ley».