Una nueva ley sobre los mendigos vuelve a dividir a los 'tories'

En su justificación del proyecto de ley, el Gobierno ponía el acento en la necesidad de la Policía y de los ayuntamientos para poder guiar a los servicios adecuado a quienes se encuentran en esas circunstancias. El castigo era previsto para quienes bloquean el acceso a un comercio, se pongan cerca de un cajero automático, dejen deshechos o tengan una conducta intimidatoria.

El articulado de la ley, de cerca de 200 páginas, fue presentado al Parlamento por la anterior ministra de Interior, Suella Braverman. Afirmó cuando era ministra que quienes duermen en la calle lo hacen eligiéndolo como un estilo de vida. Señaló también que muchos de los mencionados son extranjeros.

El argumento de la exministra contradice la historia. Según los archivistas de la Cámara de los Comunes, se había producido en 2019 un aumento del 141% en el número de personas que dormían en la calle con respecto a 2010. Esa curva coincide con el impacto de la crisis financiera de 2008 y la política de austeridad que aplicó el Gobierno de coalición entre conservadores y liberal-demócratas.

Los programas del Gobierno y de los ayuntamientos lograron reducir las cifras, pero, según datos del Ministerio de Igualación, Vivienda y Comunidades, han aumentado notablemente en los años posteriores a la epidemia de Covid y del aumento escandaloso de los precios del alquiler. La ministra parecía ignorar también la historia del proyecto de ley que estaba elaborando.

Los proyectos de ley de Justicia Penal son herramientas de gobiernos anglosajones para introducir en su legislación, no codificada, nuevos delitos, la anulación de otros existentes, los procedimientos para actuar contra los delitos y las sanciones que se aplicarán. Así se incluyeron en la versión de este año 31 cláusulas que afectan a las molestias que causarían quienes duermen o piden limosna en la calle.

La paradoja es que este proyecto de ley es consecuencia de las peticiones de oenegés y juristas para que se cambiase la ley de Vagabundeo de 1824, aún vigente. Habían terminado las guerras napoleónicas y el Gobierno redujo drásticamente el número de soldados y marineros a su cargo. La Revolución Industrial comenzó con la imposición de cercos en tierras hasta entonces comunales, causando una fuga del campo a las nuevas ciudades.

Había también inmigrantes en aquellos años imperiales, especialmente irlandeses y escoceses, y la suma de esos tres impactos económicos llevó a que las calles se llenaran de gente sin abrigo. Aquella ley también establecía el delito de pedir limosna, pero sumido en el genérico concepto de vagabundo. Fue modificándose hasta ser aplicada fundamentalmente a los homosexuales.

Una Asociación de Mendicidad logró que el Gobierno impusiera penas a aquella desordenada masa que buscaba empleo, y la moral moderna pidió al Gobierno que anulase esa ley. Las cláusulas que ahora quiere aprobar en el Parlamento son la respuesta a quienes pidieron que se eliminase la ley de 1824, por criminalizar el vagabundeo. De lo mismo se quejan los críticos de este proyecto de ley.

El proyecto de ley tramitado es más concreto. No deben estar a menos de diez metros de un lugar donde el público saca dinero o una entrada. No pueden mostrar «ningún texto, signo, u otra representación que sea amenazante, intimidatoria, abusadora o insultante». No hay fecha para que comience la fase final de la tramitación en la Cámara de los Comunes.