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Estudiantes en el Campus de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Miriam Gil Albert
Las universidades ante el reto de que las prácticas coticen en la Seguridad Social
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Las universidades ante el reto de que las prácticas coticen en la Seguridad Social

Desde la UMH lamentan la elevada carga de trabajo que han asumido desde la entrada en vigor de la norma para gestionar cerca de 10.000 contratos de prácticas cada año

Pau Sellés

Alicante

Jueves, 2 de mayo 2024, 07:26

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El pasado 1 de enero entró en vigor una medida que ha cambiado la forma en que los estudiantes de nuestro país realizan sus prácticas universitarias. «Las prácticas no remuneradas ya cotizan. Saldamos una deuda de años con los becarios, por justicia social». Así lo anunciaba hace unos meses el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aludiendo a una medida que extendía la cotización a la Seguridad Social a todas las prácticas, sean o no remuneradas, así como curriculares o extracurriculares, tanto en la educación universitaria como en la Formación Profesional. 

La aplicación de esta norma está suponiendo un incremento en la carga de trabajo que soporta el personal de las universidades. Es el caso de la Universidad Miguel Hernández de Elche, que gestiona entre 8.000 y 10.000 prácticas estudiantiles cada año.

«Tramitar todo ese volumen de prácticas se traduce, de facto, en tener que 'contratar y despedir' semanalmente a un elevado número de estudiantes, con el trabajo que ello supone, y sin que tengamos un verdadero refuerzo de nuestro personal». Así lo expone el vicerrector de Estudiantes y Coordinación de la UMH, José Juan López Espín, que incide en el gran esfuerzo que durante los últimos meses ha tenido que asumir el Observatorio Ocupacional de la institución ilicitana, entre cuyas tareas esenciales se encuentra la gestión de las prácticas así como la promoción de las relaciones universidad-empresa. 

Dos tipos de prácticas

Por regla general, las prácticas universitarias se pueden dividir entre las curriculares y las extracurriculares. Las primeras son aquellas integrantes del plan de estudios que dicte el grado o postgrado, mientras que las no curriculares se pueden realizar con carácter voluntario durante el periodo de formación, y aunque tienen los mismos fines que las prácticas curriculares, no forman parte del correspondiente plan de estudios.

De todas ellas, solo las que eran remuneradas tenían la obligación de cotizar en la Seguridad Social, mientras que con la nueva norma, ese trámite lo deberán cumplir todas, incluso aunque el alumno no perciba remuneración. 

López Espín explica que el mayor número de tramitaciones sobrevenidas hace que muchas empresas que acogían alumnos en prácticas extracurriculares estén declinando seguir participando en estos itinerarios formativos. «En las prácticas curriculares la tramitación corre a cargo de la universidad, pero en las extracurriculares esto lo hace la empresa o institución que acoge al estudiante, y no todas están dispuestas a asumir esa labor».

La situación es más problemática en titulaciones con una elevada carga técnica, como pueda ser Comunicación Audiovisual o aquellas de la rama sanitaria. También en másteres habilitantes como pueda ser el de Abogacía, indispensable para ejercer la profesión. 

Más de un millón de becarios ya cotizan

Con la puesta en marcha de la medida, el Gobierno anunció a principios de año su estimación del alcance de la misma, que en el caso de los estudiantes universitarios en prácticas era de más de medio millón en todo el país, y que en el caso de la Formación Profesional sería de en torno a los 459.000. En el caso de estos últimos, la cotización a la Seguridad Social de los estudiantes costará a las comunidades autónomas en torno a 18 euros al año por alumno a partir de 2025.

Respecto al procedimiento para que los becarios coticen, este consiste en realizar un alta y una baja por estudiante, indicando el número de días al mes que desarrolle su formación en la empresa. El alta podrá efectuarse hasta diez días después del inicio de las prácticas. Por su parte, la liquidación tendrá carácter trimestral y la llevará a cabo cada administración autonómica.

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