El Síndic reclama más control a la educación concertada para evitar el cobro de cuotas

Más inspecciones para los centros de educación concertada. Es la demanda que ha hecho pública este martes el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, después de las «múltiples» quejas recibidas por parte de familias que escolarizan a sus hijos en este tipo de centros.

Según indica la institución en un comunicado, estas quejas alertaban de los pagos exigidos por estos centros, ya fuera en forma de actividades complementarias, extraescolares o donaciones supuestamente voluntarias. Para el defensor, estas prácticas «perpetúan la segregación escolar por motivos económicos», y vulneran el principio de gratuidad de la enseñanza básica.

Por todo ello, el Síndic , recomienda intensificar las inspecciones educativas, intervenir ante cualquier práctica contraria al régimen de conciertos, adoptar estrategias para eliminar la segregación derivada de las cuotas y garantizar la transparencia en la autorización y justificación de los cobros realizados por los centros.

La resolución también advierte de que la aplicación del proceso de admisión escolar bajo el modelo de distrito único y libertad de elección de centro, puede agravar la situación. Según el Síndic, este modelo favorece la concentración del alumnado con mayores recursos en determinados centros, lo que profundiza la brecha socioeconómica y perpetúa la segregación escolar.

En el informe que ha enviado la Conselleria al Síndic durante la investigación, resulta llamativo el bajo número de denuncias registradas oficialmente, pese a la magnitud del problema. En los últimos cuatro cursos escolares, la Inspección Educativa ha contabilizado únicamente ocho reclamaciones en la provincia de Valencia, otras ocho en Alicante —incluyendo un caso especialmente conflictivo con 67 quejas relacionadas con el cobro de servicios de comunicación y comedor escolar— y ninguna en Castellón.

Considera el Síndic que estos datos contrastan con la realidad de una red concertada que escolariza a más de 152.000 alumnos en 375 centros de toda la Comunitat Valenciana, lo que, a su juicio evidencia una «falta de fiscalización» de oficio por parte de la Administración.