Polémica por la decisión de la Universidad de Alicante de centralizar la selectividad en su campus

Apenas han pasado cinco días desde que se publicaran las notas de corte de los distintos grados y la Universidad de Alicante ya piensa en la próxima selectividad. Plantea cambios, como la centralización de todos los exámenes en el campus de San Vicente, una medida que ha generado polémica en las dos comarcas afectadas.

Hasta este 2025, cerca de 400 estudiantes de l'Alcoià y El Comtat -un 10% de los pertenecientes al distrito universitario de la UA- han realizado las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) ordinarias en una decena de institutos y centros educativos de la comarca. Sin embargo, la institución académica ha decidido derivar estos tribunales al campus, centralizando así la selectividad al completo.

Dicha medida, trasladada a los centros implicados, «responde a un compromiso firme con la seguridad, la equidad y la calidad organizativa del sistema y del proceso evaluador», ha explicado en una carta el vicerrector de Estudiantes y Empleo, Raúl Ruiz Callado.

El comunicado, firmado también por el director del Secretariado de Acceso y Orientación Universitaria, Juan Matías Sepulcre, expone las ventajas que ofrece el campus de San Vicente. «Es un contexto seguro, accesible, bien coordinado y con una amplia trayectoria en la realización de procesos evaluadores multitudinarios».

La decisión se adopta con el respaldo unánime de los responsables actuales y anteriores de las pruebas en la UA, «plenamente conscientes de las dificultades que planteaban sedes externas como la de Alcoi, cuya continuidad estaba en constante revisión tanto por la custodia y el traslado de los exámenes, como por el control de las pruebas en condiciones de máxima equidad, confidencialidad y vigilancia».

Los centros afectados por esta decisión son diez de Alcoi (CIPFP Batoi; Colegio La Salle, Escola d'Art i Superior de Disseny, IES Andreu Sempere, IES Pare Vitòria, Colegio Sant Roc i IES Cotes Baixes); uno de Muro de Alcoy (IES Serra Mariola); uno de Cocentaina (IES Pare Arques) y otro de Banyeres de Mariola (IES Professor Manuel Broseta).

Los ayuntamientos de Alcoi, Cocentaina y Muro han trasladado su malestar conjunto a la Universidad de Alicante ante la posible supresión de los tribunales de la PAU. El desplazamiento hacia el campus de San Vicente «supondría poner fin a más de dos décadas de celebración de las pruebas en Alcoi con una organización modélica y una infraestructura plenamente consolidada».

La decisión de la UA representa, según el alcalde de Alcoi, Toni Francés, una «clara involución y un agravio para el alumnado» de la comarca, aludiendo a que los desplazamientos hacia San Vicente afectan en el «impacto emocional, económico y logístico que supone para las familias y para los propios estudiantes».

Asimismo, el primer edil alcoyano ha recordado que el municipio cuenta con el campus de la Universidad de Alicante, «lo que debería permitir mantener la autonomía organizativa de un territorio con un reconocido peso educativo e institucional». Además, el Consejo Escolar de Alcoi ha rechazado la decisión de la UA, la cual piden reconsiderar.

Desde Cocentaina apuntan a «no comprender la decisión unilateral», incidiendo en que una de las «tareas» de la univerisdad pública es ayudar a vertebrar el territorio. «No se entiende que se argumenten cuestiones de seguridad, equidad y calidad cuando el alumnado de estas comarcas no tendrá las mismas que otros», en cuanto a materia de movilidad señalando que los estudiantes se deberán desplazar 60 kilómetros para realizar las pruebas cuando hasta este julio las podían hacer a menos de cinco.

«Es una mala decisión por parte de una universidad que es pública y que, por tanto, debe regirse por criterios más sociales que vayan más allá de una organización más sencilla», ha manifestado su alcalde, Rubén Muñoz.

En el caso de Muro d'Alcoi también existe preocupación por esta medida que «supone un ataque directo al alumnado de nuestra zona». El alcalde de este municipio, Vicent Molina, ha rechazado los desplazamiento a Alicante al tiempo que defiende la «validez» de las instalaciones universitarias existentes en Alcoi.

«No podemos entender que se priorice una decisión que incrementa las dificultades logísticas para el alumnado de Muro y de toda la comarca, especialmente teniendo en cuenta que no existe ninguna conexión directa mediante transporte público entre Muro y Alicante», lo cual supone «un agravio comparativo y una discriminación territorial».

Todo ello se plasma, según Molina, en una «política de recortes» que «va en contra de los derechos fundamentales de la comunidad educativa, limita la equidad en el acceso a la universidad y supone un retroceso en el camino hacia una educación pública de calidad y con igualdad de oportunidades».