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El personal de los centros educativos de Alicante cuenta con un nuevo protocolo de apoyo, asesoramiento y acompañamiento ante agresiones producidas en el ejercicio de sus funciones. El documento ha sido publicado este viernes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) con la vocación de «garantizar la seguridad y el bienestar del personal docente y no docente en la Comunitat Valenciana».
Se trata pues de un «protocolo consensuado y que contará, además, con la publicación de una guía en la que se establecerán los modelos de comunicación e informes pertinentes», ha remarcado el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón.
El protocolo se aplicará en todos los centros sostenidos con fondos públicos ante agresiones al personal que preste servicios en dichos centros, incluyendo las realizadas a través de medios digitales. De esta forma, se incluye al personal docente, personal no docente de atención educativa y personal de administración y servicios de los centros docentes públicos y privados concertados no universitarios de la Comunitat Valenciana.
Mazón, ha subrayado que este protocolo «garantiza la asistencia jurídica adecuada por parte de la Abogacía de la Generalitat y ofrece asesoramiento jurídico y asistencia psicológica a través de la Red de Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito de la Generalitat».
El ámbito de aplicación recoge las agresiones producidas en actividades lectivas, actividades complementarias o extraescolares, durante la prestación de los servicios complementarios de transporte y comedor escolar o en el desarrollo de funciones administrativas, y las agresiones producidas en el ejercicio de su actividad profesional o por consecuencia directa de esta.
La resolución recoge también las pautas de actuación. Así, ante cualquier agresión al personal del centro educativo se procederá a prestar auxilio y ayudar a contener la situación por parte del personal presente en el momento y, si es necesario, se solicitará ayuda inmediata a los cuerpos y fuerzas de seguridad, bien sea la Policía Local, Policía Nacional o Guardia Civil para que se persone en el centro educativo.
Si los hechos objeto de la agresión pueden constituir delito, la persona agredida podrá presentar una denuncia ante el Ministerio Fiscal, el juzgado de guardia o en cualquier dependencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Además, los directores de los centros comunicarán los hechos en el Registro Previ de Ítaca e informarán a la inspección educativa, así como a la persona agredida de las actuaciones previstas en este protocolo.
Asimismo, se constituirá una comisión de seguimiento para evaluar la aplicación del protocolo, en la que se integrarán personas designadas por las direcciones generales de Innovación e Inclusión Educativa, de Personal Docente y de Función Pública, organizaciones sindicales de las mesas sectoriales de Educación y de Función Pública, de la Inspección Educativa, de las direcciones territoriales, de los comités de seguridad y salud laboral, y de las organizaciones con representación en la comisión de seguimiento de la reforma educativa en centros concertados.
Además, el protocolo va acompañado de una guía práctica de apoyo, asesoramiento y acompañamiento al personal de los centros educativos.
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