Las fotos en los colegios también las carga el diablo

Esta mañana la sesión ha abordado el tratamiento de las imágenes y las conclusiones no pueden ser más desalentadoras. En la mesa que ha moderado Vicent Mora Martínez, subdelegado de Protección de Datos de la Generalitat Valenciana, dos de los mayores expertos en España en este terreno han puesto el acento sobre el «interés superior del menor», caso que ha abordado Arantxa Sanabria, delegada de Protección de Datos de Euskadi, y los usos esquivos que se hacen de las imágenes de la videovigilancia, que ha explicado Carlos M. Fernández, delegado de Protección de Datos de la Secretaria de Estado de Seguridad.

Ambos han hecho un planteamiento muy práctico de lo que hoy se vive en los colegios, pues hay una diferencia legal en los centros donde el menor supera los 14 años y en el resto. Cuando se refiere a edades infantiles, Sanabria ha priorizado la necesidad de contar con el consentimiento de los tutores; pero al mismo tiempo, ha indicado como «yo me puedo negar, pero es que mi hijo va a ser el ratito del grupo y se va a sentir mal, cuando le aparten de la foto».

Esta contradicción que viven muchos padres ha servido de ejemplo para arrancar con otras circunstancias donde no se miden las consecuencias. Es el caso de los menores que hacen fotos o videos dentro del colegio y con el que luego montan un 'sticker' o un video para burlarse de un compañero.

El uso de los móviles ha dibujado un rastro de alertas para los propios profesores y tutores que parece, sino imposible, difícil de controlar. «Hay que educarlos», en referencia al alumnado y se ha mostrado partidaria de limitar su uso en las escuelas.

Y es que los móviles parece cargarlos el diablo, porque Sanabria ha advertido de que, aunque se haga con buena voluntad, no se deben usar los móviles o tablets personales para hacer fotos a los alumnos. «Debe ser el centro quien lo facilite» y, además, dé unas indicaciones precisas de para qué se toman esas imágenes y dónde y cuánto tiempo se van a guardar.

La responsable vasca ha subrayado cómo el uso para «ámbito personal y doméstico» ha cambiado en estos últimos años. Uno de los profesores en la sala ha preguntado sobre si es correcta la confección de un album de fotos de recuerdo del curso que se entrega a los padres y madres. A lo que Sanabria se ha preguntado si es necesario o si eso tiene fines educativos.

Los centros también han tenido que abordar en los últimos años la instalación de videovigilancia. En este punto, Carlos M. Fernández ha señalado la necesidad de tener los criterios claros y enfocarlos «necesariamente» para garantizar la protección del menor y de los bienes. «Tiene sentido si estamos» ante un lugar donde «agreden a profesores o hay robos», ha comentado; pero «hay que analizarlo bien». «Se tiene que informar de forma clara» y, sobre todo, determinar un protocolo sobre la gestión de las imágenes, si se quieren utilizar para alguna cuestión legal o denuncia. La custodia de la misma, ha bromeado, no se puede hacer entregando un USB.

Fernández ha aclarado la información previa es imprescindible si se van a poner cámaras dentro de los recintos escolarees y que la ley deja fuera de ese ámbito las de «ocio y esparcimiento», lo que incluye las salas de profesores y reuniones, además de las lógicas de aseos o personales.

También se ha expuesto el caso de las tutorías que algunos padres o madres graban con el sencillo objetivo de luego compartila con el otro tutor del menor, pero ha alertado que, a veces, esa grabación se hace con una aplicación del móvil que no se sabe los permisos que posee. «Y la conversación acaba en Tik Tok», ha indicado.

Esa falta de control propia ha sido un detonante para debatir sobre la «proporcionalidad» de las medidas y cómo las actividades de los colegios o los partidos van más allá de la esfera personal y acaban en perfiles o plataformas que escapan del control. En concreto, si sale de la UE y, en segundo lugar, porque es muy «laborioso» borrar la huela digital.