El Supremo da portazo a Puig y rechaza la suspensión cautelar de caudales ecológicos del Tajo

La Generalitat no ha recurrido el primer escalón, aplicable de forma inmediata a la entrada en vigor del Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, hasta el 31 de diciembre de 2025, recuerda el auto de la Sala. Es decir, el primer hachazo: de 6 a 7 metros cúbicos por segundo de aumento en el caudal ecológico del Tajo, que ya está vigente y que el Consell no recurrió. Lo que sí planteó fue el futuro incremento hasta 8,6 hectómetros que está previsto.

Ante esta petición de medidas cautelares a tres años vista, el Alto Tribunal considera que no caben, «ya que la impugnación hace referencia a unas previsiones atinentes a los caudales ecológicos que no se aplicarían hasta 2026 y 2027». Esperan que antes de ese tiempo ya habrá una sentencia sobre el fondo del asunto «sin perjuicio de que, en otro caso, la medida cautelar puede solicitarse en cualquier momento como prevé la Ley», apuntan.

Tampoco aprecia que asistan a la Generalitat razones que justifiquen la suspensión desde la perspectiva de la apariencia de buen derecho. «Tal como se ha dicho reiteradamente por la jurisprudencia, ese criterio, no recogido en la Ley de la Jurisdicción aunque tampoco excluido por ella y previsto por el art. 728 LEC, debe aplicarse con extrema prudencia por suponer un pronunciamiento sobre el fondo del litigio en los momentos iniciales del proceso». Es decir, este término de «buen derecho» debe ir dirigido al fondo de la cuestión, que ya se verá, y no es aplicable a las medidas cautaelares.

Por eso, añade el auto, «solamente se ha considerado aplicable en los supuestos de impugnación de actos aplicativos de disposiciones declaradas nulas, de los que reiteren o sean idénticos a otros ya anulados o en aquellos casos en que los vicios de nulidad sean manifiestos de manera que no sea preciso examinarlos para su apreciación». Y no cree la Sala que ninguna de estas circunstancias se den en este caso.

Ya advertía el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, y también las comunidades de regantes que los argumentos esgrimidos por la Generalitat Valenciana llevarían esta conclusión. Y que lo había que atacar directamente es ese incremento inicial, realizado sin informes técnicos ni estudio alguno.

El Supremo todavía no se ha pronunciado sobre estas medidas cautelares solicitadas para evitar los efectos inmediatos que produciría en el campo alicantino el incremento hasta 7 hectómetros cúbicos el caudal ecológico del Tajo. Por lo que se ha perdido una primera batalla, pero aún nada es definitivo.

La Generalitat Valenciana, por su parte, ya ha anunciado que recurrirá en reposición la decisión del Tribunal Supremo. Desde la Generalitat subrayan que el auto del TS no entra en el fondo de la cuestión. En todo caso, afirman que el Gobierno dirigido por Ximo Puig «no ha cambiado ni un ápice» y se mantiene en la defensa del agua para la provincia de Alicante.

Por ello, inicialmente presentarán un recurso contra la decisión del Supremo de rechazar la suspensión cautelar y aseguran que, posteriormente, insistirán «en la demanda para mantener la posición a favor de los regantes de Alicante que siempre ha tenido y tendrá la Generalitat Valenciana».