El Tajo almacena casi 9.500 hectómetros cúbicos mientras el Gobierno recorta el Trasvase
El Supremo todavía debe resolver dos recursos que pueden salvar las transferencias de agua a la provincia
Las dos Españas, que lloraba Machado, pero en versión ambiental. La de ricos contra pobres, pero también el país húmedo contra el territorio seco, al borde de la desertificación. El trasvase Tajo-Segura fue creado durante la II República por el Centro de Estudios Hidrográficos, dirigido por Lorenzo Pardo bajo el ministerio del socialista Indalecio Prieto, para distribuir el agua en el país y crear riqueza en los territorios del Levante español, la huerta de Europa.
Casi un siglo después, el trasvase Tajo-Segura corre serio peligro después de que el actual Gobierno de España, a través del Ministerio de Transición Ecológica, aprobara un plan de cuenca que prevé reducir un 50% las transferencias de agua. Y, ahora, unas nuevas reglas de explotación que aumentan los caudales ecológicos a la par que reducen la cantidad de agua transvasable.
La última puntilla ha sido la sentencia del Tribunal Supremo, que reconoce la posibilidad de saltarse la progresión de caudal mínimo que preveía el plan de cuenca dos años y que se aplique un caudal ecológico de 8,5 hectómetros cúbicos de manera inmediata. Esto supondría 'de facto' el final del trasvase.
La incongruencia es que se quiere enviar menos agua del Tajo-Segura justo cuando más reservas tiene la cuenca cedente. Tras un año extraordinario, los emblases están a rebosar, con 9.473 hectómetros cúbicos, al 85,7% de su capacidad, según el último Boletín Hidrológico Semanal del Ministerio de Transición Ecológica.
Esta cantidad supone un 23,4% más que la media de los últimos diez años en la misma cuenca del Tajo, según las cifras oficiales del Ministerio. Es decir, se encuentra en máximos históricos. Y no se quiere enviar al Segura, la que menos tiene de toda España.
El PSOE, y también el PP, en Castilla-La Mancha ya se apresuran a presionar al Ministerio de Transición Ecológica para que modifique las normas de explotación y aplique ya los recortes al trasvase.
Sin duda, la sentencia del Supremos es un varapalo. Aunque no es definitiva. El Alto Tribunal debe todavía responder a los recursos del Sindicato Central de Regantes del Trasvase (Scrats) y de las comunidades de usuarios de Cartagena y Murcia. La tesis principal de estos recursos es que la Ley de Creación del Trasvase Tajo-Segura de 1971 obliga a un «caudal mínimo» (en esa época no existía el concepto de 'caudal ecológico') en Aranjuez de 6 metros cúbicos por segundo en lugar de los 8,5 que ha aprobado el Ministerio de Transición Ecológica. En su argumento, un plan de cuenca no puede modificar una ley al ser una norma de rango inferior.
Sobre esto tendrá que resolver el Alto Tribunal, en una resolución todavía sin fecha y que podría cambiar la actual situación.
Por el momento, la sentencia del Supremo es compleja. Mientras Castilla-La Mancha insta a adelantar el cierre del trasvase, los regantes no lo tienen claro. El Scrats apunta que si el paso de escalones no se vincula con circunstancias ambientales, las previsiones por las que se exceptúa el cumplimiento de objetivos ambientales en el Tajo vinculadas a zonas protegidas «no pueden consistir en un incremento de estos caudales». Apuntan que el propio Tribunal Supremo, en su contestación a la demanda de la Comunitat Valenciana, «sí estimaba válido el escalonamiento de caudales ecológicos».
El siguiente paso sería pedir una aclaración de sentencia. Un vericueto jurídico al que ya ha recurrido, por ejemplo, el Ayuntamiento de Alicante en la sentencia sobre los macrodepósitos en el puerto para dilatar el proceso. Que sean los propios magistrados quienes digan cómo interpretar la sentencia.
Al respecto, el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha adelantado que «estudiaremos los mecanismos más oportunos para hacer frente a esta política, porque el agua es un derecho de todos». Por su parte, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado que va a «plantear batalla» contra las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, ya que considera que está regulado por una «ley ruin».
