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Continúa el conflicto de Ryanair con el Gobierno central. Desde que el Ministerio de Consumo anunció una histórica multa de 179 millones de euros a las aerolíneas 'low cost' por cobrar maletas de mano a los pasajeros, la compañía irlandesa anda en pie de guerra contra el Ejecutivo central.
Con varias campañas publicitarias anunciando su oferta de «maleta gratis», que corresponde a la mochila con la que dejan viajar en sus aviones, los dirigentes de Ryanair llegaron incluso a llamar «payaso» al ministro Bustinduy, realizando sus promociones con el rostro de este disfrazado.
Ahora, Ryanair ha vuelto a la carga y acusa al Gobierno de basar las multas «ilegales» a las aerolíneas en una antigua ley franquista de los años 60. Así lo asegura la compañía en un comunicado lanzado este jueves y en el que vuelven a resaltar que la política de las aerolíneas de cobrar los distintos servicios «está en la legislación europea vigente, Reglamento CE 1008/2008».
Dese Ryanair aseguran que «estas multas ilegales se basan en una mala interpretación de una ley franquista de los años 60 y contraviene la legislación europea». En este sentido la compañía insiste en que dicho reglamento «otorga a las aerolíneas de la Unión Europea la libertad de fijar precios».
La firma irlandesa vuelve a atacar al ministro de Consumo y miembro de Sumar, Pablo Bustinduy, y afirma que «en lugar de reconocer que su aplicación de esta ley franquista es errónea, el ministro sigue vulnerando la seguridad jurídica de los españoles en lo que respecta a las políticas de equipaje aéreo».
Ryanair vuelve a insistir en que su política de equipaje de mano «no solo es legal sino que además fomenta precios competitivos y la libertad de elección del consumidor». Agrega que «cumple plenamente con la legislación de la Unión Europea».
La histórica multa ha puesto en pie de guerra a las aerolíneas, en especial a Ryanair, que ya ha amenazado con subir los precios de los billetes de hacerse efectiva esta multa, que asciende a los 107 millones de euros solo para la compañía irlandesa. EasyJet, Volotea o Vueling son otras de las afectadas por la decisión de Consumo.
Una situación que pondría en problemas al aeropuerto de Alicante-Elche, donde estas aerolíneas son las principales de la terminal en tráfico de pasajeros, especialmente en el caso de Ryanair, que en el 2024 transportó a 7,3 millones de pasajeros, mientras que la suma de todas las afectadas concentran más de un 70% de los viajeros del aeródromo de El Altet.
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