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El 'Informe de Crisis' del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) es un documento que cruza las estadísticas de asuntos que van desde el ámbito concursal al laboral pasando por el inmobiliario. Las principales conclusiones que desprenden estas estadísticas es que mientras la crisis sanitaria del covid se queda atrás, la coyuntura económica se abre camino a codazos.
Esta nueva etapa la protagonizan dos puntos: las demandas por despido y la denominada ley de 'segunda oportunidad'. El primer epígrafe saca a relucir que, aunque la reforma laboral ha hecho crecer los contratos indefinidos, Alicante sigue marcada por el sector servicios.
En concreto, el TSJCV tramitó en sus salas 5.728 causas, un 31,86 % más que en 2022. La diferencia superior al millar llama la atención si se toma como referencia un año más atrás (2021). Se venía de un contexto pospandemia donde las denuncias por despido se elevaron a 4.851 causas. La rebaja hasta los 4.344 formaban parte de esa buena marcha o al menos, buen clima. Este hecho ha llevado parejo el aumento de demandas por reclamación de cantidad ingresadas.
Parece que se han roto muchas calculadoras u hojas de Excel, porque el informe del organismo jurídico explica que los Juzgados de lo Social de la Comunitat Valenciana regristraron 17.590 demandas por despidos, un 29,9% más que las 13.543 de un año antes. Por provincias, en la de Valencia se presentaron 10.207 demandas por despido y en la de Alicante, 5.728. Las restantes 1.655 se registraron en Castellón.
Además, se contabilizaron 12.617 reclamaciones de cantidad en la Comunitat, lo que implica un incremento interanual del 19,3%, ya que en 2022 la cifra ascendió a 10.580. De ellas, 6.854 se presentaron en la provincia de Valencia, 4.277 en la de Alicante; y 1.486 en Castellón.
Si el concurso de acreedores se ha duplicado en un año (se pasa de 1.025 a 2.033) no es por los agentes empresariales. Muy al contrario. Lo que ha crecido espectacularmente son los «concursos personas naturales no empresarias presentados».
Para el presidente del Colegio de Economistas de Alicante, esta definición deriva principalmente de la aplicación del «Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social», conocida como ley de la segunda oportunidad. El economista indica que muchas de las personas que se han acogido a esta norma responden al perfil de ciudadanos que avalaron préstamos o empresas en algún momento y, tras años de posibles pactos o circunstancias, no pueden hacer frente a las deudas.
Menargues explica que, según los datos con los que trabajan, hay también un factor importante y es que se le ha dado más publicidad a esta ley y, por lo tanto, se conoce por parte de quienes no pueden hacer frente a pagos. Aunque no se disponen de datos, las estimaciones que se hacen es que no se tratan de grandes cantidades.
Así vemos como Alicante ha triplicado el número de casos en un año. En 2023, el TSJCV registró 1.769 concursos frente a los 571 del ejercicio anterior y los 325, en 2021. La provincia de Alicante se coloca como noveno territorio en España por número de casos.
Al otro lado de la escala, están los concursos de acreedores que afectan a autónomos y empresas. Ambos confirma que las empresas han cerrado el capítulo de la crisis de la pandemia
Respecto a los Concursos personas naturales empresarias presentados, el informe revela 63 causas, lo que significa una caída del 57 % respecto a 2022. En cuanto a los concursos presentados por «personas jurídicas», se confirma la tendencia a la baja de otros años. El descenso fue del 34 %, porcentaje que procede de pasar de 306 a 201 concursos en 2023.
Desde el Colegio de Economistas de Alicante, Menárguez sostiene que, por un lado las reformas de la ley (la última se aplica desde 2023) han funcionado con cierta solvencia y, segundo, que hay un mejor «cultura empresarial». En su opinión, estos datos nos aproximan «afortunadamente a poder decir que la pandemia ha quedado atrás y que ahora estamos más ante circunstancia fruto de la coyuntura económica».
Sin embargo, el economista critica la escasa solvencia a la que se llega al concurso de acreedores en nuestro país y que impide 'salvar' a las empresas. Los economistas critican, desde hace años, que la declaración del concurso de acreedores suele llegar en un momento donde ya se ha pasado del estado crítico al de casi disolución de la sociedad. De esta manera, al gestor le resulta casi imposible reestructur la deuda o dar soluciones eficientes para remontar.
Los datos sitúan de nuevo a la provincia de Alicante como cuarto territorio como mayor número de concursos tras Barcelona, Madrid y Valencia.
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