La patronal del calzado denuncia que la nueva ley europea de morosidad hace «peligrar» la viabilidad de las empresas del sector

Desde la patronal zapatera han explicado en un comunicado que, debido a la naturaleza exportadora, las empresas del sector tienen más dificil que otros sectores cumplir con los nuevos plazos. Y es que la nueva norma prevé rebajar los tiempos de pago hasta los 30 días, aunque se podrán llegar hasta los 60 si hay acuerdo entre ambas partes. En caso de no cumplir con los plazos no se podrán acceder a las ayudas públicas que superen los 30.000 euros.

En este sentido, la secretaria de FICE, Marián Cano, ha pedido un «régimen especial para las pymes exportadoras para no lastrar su competitividad internacional». Cano pide que, además de ser una norma «homogénea en todos los Estados miembros para competir en igualdad de oportunidades» sea flexible para atender «las necesidades de cada sector, ya que se comercializan productos de baja rotación».

La secretaria insiste en que no se tiene en cuenta las singularidades que trae consigo la industria zapatera, con distintos procesos como preparación de colecciones, abastecimiento de materiales, fabricación, almacenamiento. Cano recuerda que las empresas «ya se están viendo afectadas por la caída del consumo y las exportaciones« y asegura que quedar excluidas de estas subvenciones »afectaría a su capacidad para enfrentar los desafíos económicos«.

La situación de las pymes es delicada, en especial debido a la caída del consumo, por lo que «el plazo de 30 días propuesto va a resultar difícil de cumplir, que podrían no contar con la liquidez necesaria para garantizar pagos rápidos sin poner en riesgo su viabilidad económica».

Cano ha querido destacar que «tenemos que luchar contra la morosidad» pero asegura que la solución «no pasa por acortar tan drásticamente los plazos, ya que el pago medio en la actualidad está por encima de 80 días». La secretaria de FICE explica que, por tanto, recortar el tiempo de pago «no es la solución, sino establecer mecanismos para garantizar los plazos».

«La reducción de plazos a 30 días, lejos de reducir la morosidad puede incrementarla generando un efecto contrario», puntualiza la directiva de la patronal del calzado. Cano insiste en que el foco debe de estar en la garantía de los pagos «en el periodo establecido, acabando así con los impagos».

Por tanto, aunque «el nuevo Reglamento de Morosidad busca mejorar las prácticas comerciales, su aplicación sin considerar las particularidades de las pymes podría tener consecuencias negativas», asegura Cano, quien pide «flexibilidad y la consideración de circunsatancias específicas» para que estas medidas no perjudiquen a las pequeñas y medianas empresas del sector.