La patronal del calzado carga contra la reducción de la jornada laboral: «Pone en riesgo la supervivencia de las empresas»

El Gobierno ha acelerado la marcha para hacer efectiva la reducción de la jornada laboral, que pasaría a las 37,5 horas semanales y sería de obligado cumplimiento para todas las empresas. Una medida que implicaría como obligación hacia las compañías que no recortasen plantillas.

La propuesta de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo se aprobará el 1 de julio aunque no cuente con el respaldo de las patronales, dado que sí que suma el de los sindicatos. Una decisión que le ha valido numerosas críticas por parte de las empresas, que tildan de «monólogo social» la propuesta de Díaz y denuncian que no se les tenga en consideración.

Ante la celeridad de este proceso y su inminente aprobación, la patronal del calzado, FICE, ha denunciado las medidas del Gobierno por poner en «riesgo la competitividad y supervivencia de las empresas» y ha mostrado «preocupación y desacuerdo» con el anuncio de la vicepresidenta segunda.

Desde FICE critican que las medidas no se hayan tomado «con el consenso adecuado» y aseguran que supondrá «una carga adicional para las empresas del sector del calzado, acentuando una pérdida de competitividad en un ámbito globalizado y altamente exportado». Un sector clave para Alicante, donde se concentran gran parte de las compañias zapateras de la Comunitat y del sector a nivel nacional.

La patronal advierte que de aplicarse la medida esto se traduciría en una «merma de la productividad de las empresas y dificultaría sus condiciones de producción, haciéndolas mucho menos competitivas», y asegura que desde el Gobierno «no se contempla ningún tipo de flexibilidad en función de los sectores o empresas, para así obligar a hacer contrapropuestas y negociar mejoras a este punto de partida».

«Las medidas planteadas solo generan incertidumbre y aumentan los costos para las empresas», asegura la patronal, que explica que el calzado, con su intensiva mano de obra y dependencia de mercados internacionales «se verá gravemente afectado». Además, avanza que el aumento de costes de producción vendrá aparejado de subidas de precios a clientes, «lo que podría resultar en el cierre de empresas y destrucción de puestos de trabajo en regiones que dependen de esta industria».

Como medida adicional, las empresas deberán garantizar que no habrá reducción de plantilla como consecuencia directa de la implementación de la nueva jornada laboral, «lo que limita aún más su capacidad de gestión y adaptación a las nuevas condiciones», aseveran.

La patronal ha cargado duramente contra las «imposiciones del Gobierno» y aboga por un diálogo «constructivo que permita un marco laboral sostenible y que no comprometa la competitividad ni la supervivencia de las empresas». Además, la patronal recuerda que en la actualidad rige un convenio que fue fruto del diálogo social tras un año de negociaciones con los sindicatos y que está vigente hasta final de 2025.

«Estamos ante una coyuntura que exige reflexión y consenso para evitar un impacto negativo mayor en nuestra industria y en todos los trabajadores que dependen de ella», aseguran desde la patronal del calzado.

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