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Llegada de Monika Hohlmeier a la sede del Parlamento Europeo en Madrid. José Ramón Ladra
La misión que vigila los fondos europeos llega a España en plena polémica por su ejecución

La misión que vigila los fondos europeos llega a España en plena polémica por su ejecución

La visita de Bruselas se produce tras el visto bueno al tercer desembolso | Frente a las críticas de algunas comunidades autónomas, Calviño defiende la cogobernanza en el desarrollo del Plan de Recuperación

Clara Alba

Madrid

Lunes, 20 de febrero 2023, 21:40

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El examen de Bruselas al Gobierno español por el uso de los fondos europeos ha comenzado. Una delegación del Parlamento Europeo comandada por la alemana Monika Hohlmeier aterrizó este lunes en Madrid con la misión de comprobar de primera mano si la 'velocidad de crucero' de la que el Ejecutivo presume en torno a la ejecución de las ayudas se ha traducido ya en proyectos concretos.

Aunque la llegada de los diez eurodiputados se desarrolla bajo la premisa de una «absoluta cordialidad», lo cierto es que existe cierto malestar tras el cruce de cartas entre Hohlmeier y la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, a quien la alemana acusó de haber hecho pública una de las misivas sin dar tiempo a que su equipo analizase su contenido, con información sobre la evolución del Plan de Recuperación.

Pese al pequeño roce, el Gobierno aseguró este lunes «máxima transparencia» en la documentación que ofrecerá a los eurodiputados, que ayer mantuvieron su primer encuentro con Calviño y representantes de las comunidades autónomas. La vicepresidenta quiso dar un cariz de normalidad a la visita al asegurar que España ha sido «conejillo de indias», al ser el país más adelantado en la recepción de los fondos. «Todo lo que se ponga a prueba en España, después se aplica al resto de países. Y eso hace que esta misión haya sido particularmente exigente con todos los temas de control», indicó.

Calviño no quiso dejar escapar la ocasión para recalcar que también «ha llamado un poco la atención la importante participación de europarlamentarios de PP y Vox», con un representante cada uno. Sin embargo, en el listado del Parlamento Europeo también aparecen, entre otros, dos eurodiputadas del PSOE, Isabel García Muñoz y Eider Gardiazabal.

A su favor, el Gobierno cuenta con una gran baza para pasar con nota el examen. Y es que la propia Comisión dio el viernes su visto bueno al tercer desembolso de los fondos, dotado con 6.000 millones de euros. Es decir, confirman que España está cumpliendo con los hitos y compromisos del Plan de Recuperación. Pero cuidado. Porque certificar sobre el terreno la buena marcha de los sistemas de gestión, auditoría y control puede ser mucho más difícil. Sobre todo ante las críticas que ayer protagonizaron algunas comunidades autónomas con los que también hubo reuniones.

Transparencia

Madrid, gobernada por el PP, trasladó a los eurodiputados que, en lo que respecta al Gobierno, actualmente hay «cero transparencia» y «cero colaboración», a lo que el Ejecutivo respondió con contundencia, recordando que Madrid es de las comunidades más avanzadas en la ejecución de las inversiones y precisamente «por eso no se entiende que estén constantemente protestando». Sobre la queja de que el Plan de Recuperación no atiende a las propuestas de inversión, el Ministerio de Asuntos Económicos replicó que los fondos europeos están respondiendo a las necesidades planteadas por parte de la Comunidad de Madrid.

Como ejemplo, desde Asuntos Económicos señalan que se han asignado a la Comunidad de Madrid más de 300 millones de euros en materia de educación, que es el ámbito para el que la Comunidad ha requerido mayor presupuesto.

Por su parte, Andalucía se quejó del mal funcionamiento de la herramienta 'Coffee', mediante la que se controlan los proyectos, además de insistir en que las regiones no han participaron en el diseño del Plan de Recuperación. «La Junta de Andalucía viene a la reunión dispuesta a tender la mano, a colaborar y a trabajar en todo lo posible para que estos fondos europeos sean un mecanismo eficaz y eficiente y para ello es necesario corregir y mejorar algunas cuestiones detectadas en el plan y que se repiten en el nuevo paquete de fondos o adenda», indicaron.

Las autonomías gobernadas por el PSOE que participaron en el encuentro manejaron un discurso más constructivo, pero también transmitieron la urgencia de una mayor flexibilidad para adaptar los recursos a las necesidades de cada territorio. Una idea a la que se sumó el secretario general de la CEOE, José Alberto González-Ruiz, insistiendo en que hay que acelerar la llegada del dinero a pymes y autónomos.

El Gobierno defiende que la mayoría de comunidades participantes en el encuentro valoraron la cogobernanza, aunque mantiene su mensaje de que son las autonomías las que deben agilizar el despliegue. «Las cifras están ahí», indican fuentes de Asuntos Económicos. En concreto, las regiones ya han puesto en marcha convocatorias por el 50% de los fondos transferidos, unos 20.600 millones de euros. Pero apenas se han resuelto unos 4.000 millones, menos de un 20% del total.

Frente a estos datos, la Administración General del Estado calcula haber resuelto más del 80% de sus convocatorias, que corresponde a una inversión de unos 19.200 millones de euros. Con esas cifras sobre la mesa, la vicepresidenta, Nadia Calviño, defendió en su encuentro con la delegación europea que las comunidades autónomas sí han contribuído al diseño del Plan, en referencia a las 139 conferencias sectoriales en las que las autonomías han acordado los criterios de reparto y han ayudado a diseñar programas como los Perte.

Próximo objetivo

El Ejecutivo español encara este examen con el añadido de tensión que supone convencer a la Comisión de que los hitos se seguirán cumpliendo a rajatabla para recibir el siguiente pago (el cuarto). Y es que entre los requisitos a cumplir para ello estaría la aprobación de la segunda pata de la reforma del sistema de pensiones.

Además, el Gobierno espera aprobar en marzo el proyecto de adenda del Plan de Recuperación, con el que se solicitarían el los fondos asignados a España en forma de préstamos (no ayudas directas). Esto incluye los propios préstamos (84.000 millones), además de las transferencias adicionales para el impulso a la economía estratégica (7.700 millones), así como las enmarcadas en el plan RePowerEU (2.600 millones).

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