Labora endurece las condiciones de las subvenciones al empleo tras el fraude millonario destapado en Elche

El fraude millonario destapado en Elche, en relación con las subvenciones otorgadas por la Generalitat para fomentar el empleo, ha obligado al Consell a mover ficha de inmediato. Labora, el Servicio Valenciano de Empleo y Formación de la Comunitat, ha reforzado las medidas de control para evitar nuevos casos de picaresca.

Así lo ha confirmado el secretario autonómico de Empleo, Antonio Galvañ, quien ha recordado que el entramado empresarial desmantelado por la Guardia Civil se lucró con ayudas concedidas en tiempos de gestión del Botànic y cofinanciadas por la Generalitat Valenciana y el Fondo Social Europeo. Galvañ ha explicado que la denuncia fue interpuesta ante la Guardia Civil por la dirección territorial de Labora en Alicante, que detectó las posibles irregularidades que señalaban a 11 empresas domiciliadas en Elche.

El responsable autonómico de Empleo ha detallado que los hechos que se investigan tuvieron lugar entre 2021 y 2022. En concreto, Labora detectó actuaciones sospechosas en determinados programas de ayudas a la contratación de personas desempleadas (Ecovul, Ecogju y Ecovut).

Así, se detectaron bajas de trabajadores que pasaban a otras empresas en las cuales también se habían solicitado subvenciones, y en las que el sector de la actividad y el modo de proceder era similar. O compañías que pedían ayudas y antes de finalizar los dos años cerraban. Curiosamente, el administrador era casi siempre el mismo, recalcan desde el Gobierno valenciano.

En respuesta a este modus operandi, Galvañ ha recalcado que la Administración autonómica ha aumentado los requisitos para acceder a las subvenciones y ha establecido más controles antifraude. Entre ellos, investigar las vinculaciones entre empresas o exigir que no hayan firmado contratos indefinidos en los tres meses anteriores a la presentación formal de la solicitud.

El secretario autonómico ha añadido que se han cambiado las convocatorias de ayudas y se ha reducido el importe a conceder por trabajador, que ha bajado de 28.000 a 10.000 euros este año. Con ello, subraya, se ha logrado que el interés en defraudar no resulte rentable. Asimismo, también se comprueba el mantenimiento del alta del empleado subvencionado durante los dos años en los que existe esta obligación.

«Es lamentable que haya empresas y personas que estén usando las ayudas para fomentar la empleabilidad de las personas con dificultades de encontrar trabajo en su propio beneficio de manera fraudulenta», ha reprochado Galvañ, que ha asegurado que «desde el Consell se va a vigilar aún más que las subvenciones llegan a quien realmente lo necesite».

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