Hosbec se revuelve contra la norma que obliga a los hoteles a dar al Gobierno los datos de sus clientes

Preocupación entre las patronales hoteleras de España ante las intenciones del Gobierno de exigirles todos los datos personales de los clientes: teléfonos móviles, números de tarjetas de crédito, modos de pago, direcciones... El tema no es tanto el debate sobre la privacidad de los clientes, sino sobre la falta de una reglamentación y unos medios para cumplir la ley.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó el Real Decreto 933/2021, sobre obligaciones de registro documental de las reservas, que se aplicará el próximo 1 de octubre. A tan solo dos semanas de su entrada en vigor, no se ha desarrollado por el Ministerio del Interior el reglamento con los datos que los hoteleros tienen que darles a las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Tampoco se han implementado los medios tecnológicos para facilitarlos, por lo que se tendrán que tomar a mano y dedicar a personal exclusivamente a ello, según se han quejado las patronales españoles incluídas en la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), que representa a representa a más de 16.000 establecimientos con un total de 1.800.000 plazas repartidas por toda España.

En opinión de los hoteleros, el Real Decreto carece de la concreción y claridad necesarias para evitar vacíos legales, lo que «provoca inseguridad jurídica». Asimismo, han criticado que la normativa ignora las complejidades operativas de las empresas afectadas, que se enfrentan a dificultades para recopilar los datos exigidos antes de la prestación de los servicios.

Además, Cehat ha destacado que las nuevas obligaciones de registro e identificación suponen «una sobrecarga administrativa excesiva», especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes), que constituyen el núcleo del sector turístico (95% de las empresas).

«Implementar estas exigencias incrementa los costos operativos y la complejidad de gestión, algo que muchas empresas no pueden asumir, enfrentándose además de a los riesgos expuestos, operacionales y reputacionales, a graves sanciones económicas por su incumplimiento», ha concluido.

«Actualmente, la infraestructura tecnológica necesaria para cumplir con las obligaciones de registro y comunicación no está plenamente operativa, lo que redunda sobre la incertidumbre jurídica, la imposibilidad de cumplimiento añade probabilidad de riesgos operativos y reputacionales para los sujetos obligados», ha denunciado también la patronal.

Además, se encuentra la «desventaja competitiva» en el mercado nacional y europeo, ya que las obligaciones impuestas por la normativa colocan a las empresas españolas o a aquellas que operan en España en «una clara desventaja» frente a competidores en otros países de la UE que no tienen normas similares, según la entidad.

Con todo ello, la patronal se ha dirigido a los ministerios de Turismo e Interior, así como a la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, exigiendo su revisión y ajuste para garantizar la proporcionalidad y minimización de datos, así como un largo periodo para la adecuación tecnológica y adaptación de los sistemas operativos de las empresas.

En caso de que no se produzca la modificación, los hoteleros han advertido de la imposibilidad de su cumplimiento y la pérdida de la fiabilidad de los datos de los que actualmente disponen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para prevenir los delitos y el terrorismo.

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