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El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press
El Congreso convalida las ayudas por la sequía sin votos en contra

El Congreso convalida las ayudas por la sequía sin votos en contra

El decreto-ley aprobado comprende 224 millones de euros para reutilización de aguas en Alicante

Miércoles, 7 de junio 2023, 16:04

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La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados ha convalidado este miércoles el real decreto-ley de medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía sin ningún voto en contra. La iniciativa del Gobierno establece, entre otras, «medidas de apoyo» a los titulares de explotaciones agrarias que «han visto agravada su situación» por el contexto climatológico de sequía y elevadas temperaturas y que se ha sumado a «la grave situación» generada por la guerra en Ucrania, que tendrán un alcance económico de 2.190 millones de euros.

De esta partida global, el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico aportará 1.400 millones para construir nuevas infraestructuras, como plantas desalinizadoras, duplicar la reutilización de aguas urbanas, y reducir los cánones y tarifas de las explotaciones agrarias afectadas. También prevé la ejecución de un nuevo trasvase para reducir la presión sobre los acuíferos que alimentan el Parque Nacional de Doñana.

El real decreto-ley ayuda a los regantes que este año sufran una reducción de su dotación de agua, a quienes se aplicará una exención al canon de regulación y a la tarifa de utilización del agua. Esta exención será del 50% si el descenso de la dotación es del 40% al 60%, y del 100% si supera ese 60%.

Además, modifica la Ley de Aguas para impulsar la reutilización de las aguas urbanas, de modo que crezca un 150% desde los actuales 400 hectómetros cúbicos anuales a cerca de 1.000 al año en 2027, cuando el agua reutilizada para el abastecimiento de poblaciones será de un 20%.

Transición Ecológica acelerará la construcción de infraestructuras, algunas de forma inmediata para las cuencas afectadas por la sequía, como bombeos de emergencia y adecuación de tomas para garantizar el abastecimiento durante los próximos meses, por un importe de 35,5 millones de euros.

Obras de interés general

En este ámbito de nuevas infraestructuras, se declaran de interés general varias actuaciones en la costa mediterránea, de modo que el Estado asumirá la construcción de desalinizadoras en dos comunidades autónomas que han solicitado apoyo al Gobierno central: Cataluña, con una planta en Tordera por un coste de 220 millones, y Andalucía, con la construcción de desaladoras en Málaga y el Levante almeriense por valor de 200 millones. Además, se intensificará la reutilización en Alicante (224 millones).

Igualmente, se ha dado luz vede a la Sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) para que comience a licitar la construcción de nuevas plantas desalinizadoras alimentadas por parques solares fotovoltaicos, en el marco de su segundo Convenio de Gestión Directa, que cuenta con una dotación económica de 600 millones.

Sector primario

El real decreto ley contempla una partida global de 784 millones, de la que el mayor montante serán ayudas directas por alcance de 636 millones. Habrá 355 millones de euros para los productores de carne y de leche de vacuno, ovino y caprino, mientras que los sectores agrícolas dispondrán de un volumen de ayudas de 276,7 millones de euros. Los productores de miel recibirán 5 millones.

Por otro lado, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación vuelve a incrementar en 40,4 millones de euros la partida destinada a subvencionar la contratación de seguros agrarios. Esta dotación permitirá subvencionar hasta el 70% del coste de la pólizas ya contratadas -el máximo permitido por la normativa europea- que incluyan la cobertura por riesgo de sequía en los cultivos de secano de herbáceos extensivos, olivar, uva de vinificación, almendro, avellano, kiwi, endrino, alfalfa, remolacha azucarera y maíz forrajero.

En materia fiscal, con el real decreto quedan eximidas del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) las propiedades de los titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas que hayan sufrido en 2023 una reducción del rendimiento neto de las actividades agrarias de, al menos, un 20 % en zonas con limitaciones naturales, según la normativa de la Unión Europea, o de un 30 % en las demás.

Paralelamente, se exime del pago de IRPF y del impuesto de sociedades las ayudas que se perciban por los ecorregímenes de la PAC.

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