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La Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Alicante ha estallado contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Desde el campo alicantino cargan contra el Ejecutivo central por las ubicaciones propuestas para la nueva planta solar que suministrará energía a la desaladora de Torrevieja.
El presidente de la asociación agraria, José Vicente Andreu, ha avisado que «estos emplazamientos propuestos por el Ministerio de Transición Ecológica vulneran fincas protegidas» y propone usar suelo de secano que «sí que hay disponible en el área elegida, lo único que hace falta es analizar mejor el terreno».
Asaja Alicante insiste en que, «lejos de solventar el problema, el Gobierno lo mueve a otra parte, ocupando suelos de alta capacidad productiva». Y es que estas fincas, según detalla la asociación alicantina, están declaradas de interés nacional por la Ley 52/1980, de 16 de octubre, de Regulación del Régimen Económico de la explotación del acueducto Tajo-Segura y, por tanto, «es un suelo que debe estar protegido de este tipo de instalaciones que acaban precisamente con el objeto de dicha declaración», aseguran.
Los agricultores consideran que el hecho «se trata de una muestra más de un gobierno que tiene como objetivo dañar al sector primario fruto de la obcecación del mencionado Ministerio por acabar con la agricultura más productiva del país, el regadío del Levante».
Asaja insiste en que esta circunstancia «es un despropósito tras otro y forma parte de una larga ista que llevamos soportando los agricultores alicantinos, como la aplicación de unos caudales ideológicos, que se usan como ariete para reducir el agua que se trasvasa a la cuenca del Segura, sin beneficiar a nadie a cambio».
La asociación agraria carga contra el Gobierno y se reafirma en la «falta de voluntad» de realizar las infraestructuras necesarias, como el caso de las tuberías que lleven el agua desalada a todos los regantes, «proponiendo un proyecto no ejecutable desde el punto de vista ambiental».
El presidente de Asaja Alicante desaprueba este proyecto cuya ejecución constituiría «un delito ambiental, algo inadmisible, y solo concebible como excusa para no conectar la desaladora de Torrevieja con los canales del trasvase, y con ello poner en mayores dificultades a los regantes».
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