Un año más sin nuevos salones de juego y máquinas tragaperras en Alicante
El Consell aprueba el decreto ley que amplía la suspensión de nuevas autorizaciones para este tipo de locales y máquinas recreativas en hostelería de la Comunitat
Durante un año más no se podrán conceder licencias para abrir salones de juego y recreativos ni instalar máquinas tragaperras tipo B en establecimientos de hostelería en la provincia de Alicante. El Consell ha aprobado un decreto ley por el que se amplía el periodo de suspensión de nuevas autorizaciones en toda la Comunitat.
La prórroga responde a la necesidad del gobierno autonómico de concluir los trabajos técnicos y normativos, afectados por la DANA, que pretenden evaluar este sector. La riada que afectó a Valencia paralizó los servicios administrativos esenciales para la gestión, control e inspección del sector.
Además, no se han podido acometer los estudios «clave» para fundamentar la planificación futura del sector. Estos estudios pretenden diagnosticar el territorio y el impacto social y sobre la salud pública de las instalaciones de juego. Por ello, el decreto ley establece que la suspensión se mantendrá hasta la entrada en vigor del nuevo reglamento autonómico o, como máximo, durante un año.
En consecuencia, desde la Generalitat consideran «justificada» la ampliación del plazo para poder completar los trabajos técnicos y formativos afectados y evaluar, de forma integral, el parque de máquinas y locales existentes para implementar un modelo «equilibrado y coherente».
La medida no afectará a las autorizaciones que ya hayan sido concedidas ni a aquellas cuya solicitud haya sido registrada antes de la entrada en vigor del nuevo decreto. Desde el Consell detallan que la medida cautelar es de «carácter transitorio y justificada por una situación de fuerza mayor».
El decreto modifica la disposición transitoria décima de la Ley 1/2020 de regulación del juego en la Comunitat Valenciana, que ya preveía una moratoria inicial de cinco años. Ahora, esta nueva suspensión amplía el plazo hasta un año adicional con el objetivo de garantizar una planificación equilibrada del sector, basada en evidencias y con garantías para la protección de las personas consumidoras.
