Toni Pérez alerta que la ejecución de la sentencia de Serra Gelada supondrá «la quiebra técnica» de Benidorm
El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional alega las «consecuencias de imposible reparación» en caso de tener que pagar los 300 millones de euros
El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha vuelto a comparecer en la mañana de este lunes para dar explicaciones sobre los pasos judiciales que el consistorio de la capital turística está dando en relación a la millonaria e histórica sentencia firmada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por la que condena a la ciudad al pago de más de 300 millones de euros a los propietarios del suelo de la Serra Gelada afectado por el APR-7.
Pérez ha anunciado que el pasado jueves el Ayuntamiento de la ciudad presentó, como ya avanzara días antes, un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) y ha sido, seguramente, más claro que nunca a la hora de valorar las consecuencias que tendría la ejecución de la sentencia del TSJCV. En ese sentido, el primer edil ha manifestado que «se solicita que se acuerde por el Tribunal Constitucional la suspensión de esta sentencia que, de lo contrario, va a ocasionar perjuicio de imposible o difícil reparación».
Toni Pérez ha querido hacer públicos los detalles en los que se basa ese recurso de amparo ahora ya presentado por el consistorio ante el TC y ha recordado «obviedades» como que la sentencia del TSJCV «impone una indemnización sin precedentes en un organismo español», aunque considera que se llega a ese fallo «a raíz de razonamientos manifiestamente contradictorios e inconsistentes».
Según el también presidente de la Diputación Provincial de Alicante, esas contradicciones e inconsistencias se desprenden «de la propia sentencia, que reconoce que no se han cumplido los requisitos que la propia legislación española establece para que unos propietarios de un suelo tengan derecho a ser indemnizados como son la cesión, equidistribución y urbanización de dicho suelo».
Con todo ello, en el recurso, asegura Pérez, se pide al Constitucional que «declare que se ha vulnerado el derecho fundamental del Ayuntamiento de Benidorm a la tutela judicial efectiva sin indefensión y, en consecuencia, que se anule esa sentencia».
Quiebra técnica municipal
Además de reconocer que la ejecución de la sentencia del TSJCV ocasionaría «un perjuicio de imposible o difícil reparación» al consistorio, Pérez ha asumido que «el Ayuntamiento de Benidorm, si no contara con una financiación económica estatal o autonómica para ese fin, entraría en quiebra técnica» algo que, asegura, su equipo de gobierno «ha venido manteniendo desde el minuto uno».
En ese mismo sentido, ha recordado unas cifras que en todo este tiempo han sido repetidas en más de una ocasión y que sirven para calibrar la magnitud del roto económico de la condena: «una condena que supera los 300 millones de euros, con un presupuesto ordinario de 140 millones de euros, es evidente que supera 2,5 presupuestos anuales».
Aunque Toni Pérez siempre ha insistido en hacer un llamamiento a la calma en todas y cada una de sus comparecencias públicas relativas a esta cuestión y ha mostrado su seguridad de que su gestión podría hacer frente a la hipotética ejecución de sentencia como ya hizo en el pasado, ha defendido siempre, con la deuda que se encontró al llegar al despacho de alcaldía; ahora ha hablado, por vez primera, de consecuencias concretas para el día a día de la ciudad.
Así, el pago de esos más de 300 millones de euros implicaría, según el munícipe de la capital turística, «que hay una serie de servicios públicos que prestamos y que queremos prestar» que se verías suprimidos al igual, tal y como figura en el propio recurso de amparo presentado ante el TC y al que ha tenido acceso TodoAlicante, el despido de trabajadores.
Toni Pérez, así mismo, ha recordado que de manera paralela a este recurso de amparo, el Ayuntamiento «mantiene abiertos litigios judiciales sobre esa misma causa» que, afirma, «están dando la razón a la defensa del interés general de todo Benidorm que está haciendo el Ayuntamiento».
Más de 60 millones en intereses
De la lectura del recurso de amparo ante el TC se desprende, además, un dato no menor en relación a la ejecución de la sentencia que el Ayuntamiento quiere evitar a toda costa. Así, se especifica que «el TSJCV ha condenado a abonar una indemnización sin precedentes en el urbanismo español de más de 283 millones de euros» y revela que esa cuantía inicial «a fecha de 20 de julio de 2025 ha devengado 61.362.996,88 euros de intereses» de tal manera que «la cuantía total alcanza [a esa misma fecha] los 344.418.747 euros». Dicho de otra manera, los intereses generados hasta el 20 de julio han incrementado esa indemnización en más de un 21% y suponen ya el 17,8% de la cuantía total reconocida por el consistorio en el recurso.
En el recurso también se afirma que «la carga económica impuesta al Ayuntamiento es inasumible pura y simplemente, abocando a la quiebra técnica a un municipio como Benidorm», un punto donde también recuerda que la ciudad es «uno de los destinos turísticos más importantes de España con una población funcional que llega a los 400.000 habitantes».
El documento advierte, así mismo, de que «las consecuencias económicas de la sentencia trascenderán el ámbito municipal, repercutiendo en la Generalitat Valenciana y la Administración General del Estado, pues el Ayuntamiento no podrá, por sí, abonar la deuda».
En el peor escenario posible, se explica en el recurso, la sentencia obligará a «despedir trabajadores, reducir salarios y bajar la calidad (o directamente suprimir) los servicios públicos municipales con el consiguiente empeoramiento de la calidad de vida de cientos de miles de personas».
Agravio comparativo
Durante su comparecencia pública de este lunes, Pérez también ha querido apelar al Gobierno de España ya que, ha afirmado, la ejecución de la sentencia obligaría, para no crear agravios comparativos con otras administraciones locales, a activar herramientas de 'rescate' ya previstos.
Además, Pérez ha puesto el acento en que esas situaciones similares previas, han venido derivadas de la mala gestión de esos gobiernos locales a los que no ha querido poner nombre. Así, ha verbalizado Pérez, «para hacer frente a esta cuestión, como han hecho otros ayuntamientos con una deuda, no sobrevenida por una sentencia judicial sino fruto de su gestión, el Estado ha ordenado herramientas para que eso no influya en la prestación de los servicios públicos con unas condiciones de pago por parte del propio Estado con unos fondos que existen para este fin» y ha conlcuido que «Benidorm no es distinto a cualquier otro ayuntamiento».
