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Imagen del cableado aéreo presente en una zona del casco antiguo de Altea TA
El Supremo ordena a las telefónicas pagar casi 400.000 euros anuales a Altea por uso del espacio público

El Supremo ordena a las telefónicas pagar casi 400.000 euros anuales a Altea por uso del espacio público

El Alto Tribunal ha rectificado las sentencias contrarias dictadas previamente por un juzgado de Alicante y el TSJCV

Nicolás Van Looy

Miércoles, 24 de mayo 2023, 18:02

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Las reclamaciones a las empresas de telefonía encabezan desde hace años las consultas que reciben las distintas organizaciones de defensa del consumidor. Facturaciones defectuosas, no cumplir con lo prometido a la hora de realizar la oferta, cambios unilaterales en las condiciones del servicio o violaciones de la ley de protección de datos son sólo algunos de los muchos motivos por los que miles de clientes se enfrentan cada día con sus proveedores de servicios de telefonía.

Lo que no es tan habitual es que el que hace esa reclamación sea un ayuntamiento y que el caso, como ha sucedido ahora, llegue hasta el Tribunal Supremo, que ha fallado a favor del consistorio de Altea en una sentencia que permitirá a la Villa Blanca ingresar casi 400.000 euros anuales provenientes de las distintas operadoras que ofrecen servicio en el municipio.

En concreto, y tras años de lucha en los tribunales, el Supremo da la razón al Ayuntamiento y las empresas de telefonía tendrán que abonar al municipio, de forma anual, el 1,5% de los ingresos brutos por la utilización del suelo, subsuelo y vuelo del término municipal de Altea, lo que el consistorio, en una nota hecha pública este miércoles, cifra en 395.000 euros al año.

Todo empezó en el año 2020, cuando Orange se opuso al pago de las tasas por ocupación del dominio público, lo que derivó en un primer juicio en el Juzgado de lo Contencioso de Alicante, que dio la razón a la compañía telefónica y anuló la Ordenanza fiscal del Ayuntamiento y las tasas correspondientes.

En aquel momento, el equipo de gobierno de la Villa Blanca, a través de su concejalía de Hacienda, recurrió al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que también dio la razón a la empresa de telefonía decretando la nulidad de la Ordenanza y tasas por ocupación del dominio público.

Pese a todo, y considerando que ello suponía una grave discriminación respecto del resto de ciudadanos y empresas que pagan las tasas, y que además, esa utilización del suelo por las compañías de telefonía, propiedad del municipio de Altea, lo es para prestar servicios de telefonía fija e internet de los que obtienen ingresos a costa de los ciudadanos, el Ayuntamiento interpuso un nuevo recurso de casación esta vez ante el Tribunal Supremo en el que se alegaba incumplimiento del derecho comunitario europeo.

Ahora, tres años después de haberse iniciado todo el proceso, el Alto Tribunal da la razón al Consistorio, y deja sin efectos las sentencias tanto del Juzgado como del TSJCV y sienta el criterio de que las compañías de telefonía fija e internet, han de abonar la tasa, «tanto si éstas son las titulares de las redes como si son titulares de un derecho de uso, acceso o interconexión».

Las consecuencias de todo ello es que todas las compañías de telefonía fija e internet, sean o no propietarias, se les cobrará a partir de ahora anualmente el 1,5% de sus ingresos de facturación.

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