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Canalización del trasvase Tajo-Segura. lv
Guerra del agua | Los recortes en el trasvase Tajo-Segura provocan 40 millones de pérdidas anuales al campo alicantino

Los recortes en el trasvase Tajo-Segura provocan 40 millones de pérdidas anuales al campo alicantino

El sector vaticina su ruina si el Gobierno central eleva los caudales ecológicos

Miércoles, 16 de noviembre 2022, 07:17

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«Sin el trasvase Tajo-Segura, nuestra huerta se muere». La agricultura alicantina vive en estado de angustia permanente por los continuos recortes que, especialmente en los últimos cuatro años, sufre una infraestructura de la que dependen más de 30.000 puestos de trabajo directos e indirectos en la provincia.

El agua que fluye por los 400 kilómetros del gran tubo que conecta la cabecera del Tajo con el Segura determina el futuro socioeconómico de 35 municipios alicantinos. Y así sucede desde hace más de 40 años, cuando entró en servicio una obra diseñada para transferir hasta 600hm3 anuales.

La realidad revela que los recursos trasvasados siempre se han situado muy por debajo, alrededor de los 300 hectómetros, 100 para beber y 200 para los regadíos. De ahí que el sector agrario alicantino, según destacan las principales organizaciones que lo representan, se haya especializado en extraer el máximo rendimiento a cada gota de agua recibida.

«El argumento del derroche es absolutamente falso, estamos incluso por encima de las cotas de aprovechamiento alcanzadas por Israel o California, dos referentes mundiales en este campo», asegura con firmeza el presidente de la Comunidad General de Usuarios del Medio Vinalopó y l'Alacantí, Ángel Urbina, entidad que representa 40.000 hectáreas de regadíos y a 12.000 agricultores.

Batalla política

Desde hace décadas, los regantes alicantinos, como los murcianos y almerienses, se mantienen alerta ante cualquier vaivén político que les pueda afectar, puesto que la gestión del acueducto, más que por criterios técnicos, se suele medir en términos de batalla partidista. Y cada decisión tomada en un despacho ministerial de Madrid impacta de lleno en una actividad estratégica en Alicante, la primaria, con una facturación que ronda los 1.400 millones anuales y que aporta el 2% del PIB provincial (436 millones de euros), según los datos del Instituto de Estudios Económicos de Alicante (Ineca).

Los desvelos habituales de los agricultores se han tornado en pesadillas desde que al frente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) se sitúa Teresa Ribera, impulsora de un golpe de timón drástico en la política hídrica para el sureste español. Desde 2018 los hachazos al trasvase procedente del Tajo se han sucedido, lo que ha supuesto que los regantes de la cuenca del Segura hayan dispuesto de 147 hectómetros menos de los habituales.

Según cálculos del propio sector y del Instituto del Agua de Alicante, la merma de recursos ha provocado pérdidas anuales de 40 millones de euros en la provincia. Y ello a pesar de contar con informes técnicos que avalaban el envío de cantidades superiores a las finalmente autorizadas.

«Las cifras asustan, pero es que lo peor está por venir»

josé vicente andreu

Presidente de Asaja Alicante

«Las cifras asustan», advierte el presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, ingeniero agrónomo oriolano y empresario que explota más de 100 hectáreas de cítricos y 80 de almendro en la Vega Baja. «Está en juego el futuro de miles de familias, pero es que lo peor está por venir», clama.

Los negros presagios a los que se refiere Andreu tienen que ver con la determinación del Miteco de elevar el caudal ecológico en la cabecera del Tajo desde los actuales 6 metros cúbicos por segundo a los 8,6. Si nada cambia, la medida implicará que los 200 hectómetros cúbicos que de media recibe el Segura cada año para el campo se reduzcan en 100, «un drama para la agricultura alicantina».

Temor a un agujero económico aún mayor

Los 40 millones de euros en pérdidas anuales estimados hoy en día pueden llegar a duplicarse e incluso triplicarse, según advierten desde Asaja, Riegos de Levante y el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats). Las cifras resultan frías y a veces no permiten asimilar con precisión lo que significaría en términos prácticos. Por eso los agricultores prefieren usar el lenguaje llano: «Sería la ruina del sector».

La fecha del próximo 30 de noviembre se antoja clave para el futuro del campo alicantino. Ese día el Consejo Nacional del Agua ha citado a las organizaciones agrarias para exponerles los planes hidrológicos de las 26 confederaciones hidrográficas del Estado. Será entonces cuando se confirme en cuiánto se eleva el caudal ecológico y qué merma acarreará para los agricultores de la cuenca del Segura.

Protesta contra el recorte de caudal para la cuenca del Segura. lv

Una «supresión encubierta»

Los agricultores alicantinos tienen la certeza de que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez hace tiempo que tomó la decisión de liquidar el trasvase Tajo-Segura para usos de regadío. Sostienen que como hacerlo por ley sería un escándalo mayúsculo lo está llevando a cabo de forma progresiva a través de medidas que en la práctica suponen contar cada año con menos agua trasvasada.

El sector alicantino, como el murciano y el almeriense, acumula dos meses de trasvases cero, justificados en la escasez de reservas de la cabecera del Tajo. Los afectados, en cambio, replican que existen informes técnicos que avalan el envío de hasta 20 hectómetros cúbicos para el campo y que han sido relegados por completo.

Y todo apunta a que la medida se puede alargar otros seis meses, a tenor de las previsiones del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex). Este organismo público de vanguardia en el ámbito de las obras públicas, la movilidad y el medio ambiente y el cambio climático está adscrito al Ministerio de Transportes, aunque funcionalmente depende también del Ministerio para la Transición Ecológica, liderado por Teresa Ribera. De momento, este martes 15 ya ha quedado confirmado oficialmente que el trasvase cero se prorroga un tercer mes.

Como línea estratégica, el Ministerio para la Transición Ecológica apuesta por la desalación para compensar el recorte de agua trasvasada. Sin embargo, existen dos graves problemas que, en opinión de los regantes y de numerosos expertos, lo hacen inviable en la actualidad: los costes y la pérdida de calidad de los recursos hídricos obtenidos.

El problema ambiental de la desalación

Obtener agua desalada, con la tecnología disponible, resulta caro y lleva aparejado un coste ambiental alto por la cantidad de energía necesaria para producirla. Los datos objetivos muestran que para transportar 1m3 de agua trasvasada hasta la toma de las comunidades de regantes hay que invertir 1 kilovatio (KW) de energía, mientras que el mismo volumen de agua desalada requiere 5,5 KW.

«El agua desalada es un recurso complementario, pero no puede ser alternativa al trasvase. No se produce con energía limpia, la huella de carbono es grande, lo que choca con todas las líneas de actuación que buscan frenar el cambio climático», argumenta el presidente de Asaja Alicante.

El Ejecutivo central socialista ve en la fotovoltaica la solución al problema del CO2 generado. Sin embargo, como avisan los técnicos, esta apuesta haría necesario instalar una enorme extensión de placas para hacer autosuficientes plantas como la de Torrevieja. ¿Qué municipio estaría dispuesto a asumir un impacto ambiental o paisajísitico tan elevado?, se preguntan.

Demandas estratégicas del campo

  • Mantenimiento de la regulación del trasvase Tajo-Segura

  • Creación de un plan nacional hídrico y de infraestructuras hidráulicas que garantice la solidaridad entre territorios

  • Implantación urgente de la doble tarifa eléctrica para explotaciones agrarias, como aprobó el Congreso

  • Precio máximo de agua desalada inferior a 0,30 €/m3 para los regadíos del Segura, como complento al agua del trasvase, no como sustitución.

Los agricultores alicantinos anuncian que presentarán batalla si se pone en riesgo el futuro de más de 30.000 familias. No solo puede avecinarse un aluvión de recursos judiciales por el recorte de caudales, sino también por las pérdidas patrimoniales que ocasionaría.

«Nos hemos hipotecado a 50 años, desde 2010, para aplicar todas las modernizaciones de infraestructuras que nos requería el Ministerio. Si no viene agua, cómo vamos a obtener los ingresos para seguir pagando. Acudiremos a los tribunales», advierte el presidente de la Comunidad General de Usuarios del Medio Vinalopó y l'Alcantí.

La guerra del agua vuelve a brotar con fuerza. O más bien nunca cesó, aunque pudiera percibirse más aletargada. Y el campo alicantino advierte de que no cederá ni un ápice en la lucha por lo que considera una reivindicación justa.

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