Máxima tensión en la exclusiva urbanización alicantina de Altea Hills por temor a que la mafia rusa tome el control del complejo
El Ayuntamiento de Altea desmiente cualquier maniobra política y recalca que su actuación busca garantizar la legalidad en la Entidad de Conservación
La urbanización Altea Hills, uno de los enclaves residenciales más exclusivos de la Costa Blanca, vive momentos de máxima tensión en vísperas de la Asamblea Anual de Propietarios de la Entidad Urbanística de Conservación, prevista para este 28 de agosto. El motivo es la irrupción de la candidatura encabezada por el empresario ruso Alexei Shirokov, a quien la Policía Nacional considera el hombre de la mafia rusa en la zona y que fue procesado en 2023 por los delitos de organización criminal y blanqueo de capitales.
Un amplio grupo de vecinos ha mostrado su preocupación ante la posibilidad de que Shirokov y sus colaboradores logren hacerse con el control de la Junta de Gobierno de la entidad, lo que abriría la puerta a su disolución y a la gestión directa de un presupuesto millonario proveniente de las cuotas pagadas por los más de 1.500 propietarios, algo que muchos de esos vecinos consideran un riesgo para la seguridad interna de la urbanización, uno de los servicios clave de este complejo residencial, que destaca por su discreción y por el alto perfil de muchos de sus residentes.
Señalamientos vecinales hacia el Ayuntamiento
Los vecinos más críticos sostienen que este movimiento contaría incluso con la colaboración indirecta del actual equipo de Gobierno municipal, liderado por Diego Zaragozí (Compromís) con el apoyo del PSOE. Según estas voces, el alcalde vería con buenos ojos la candidatura de Shirokov por considerar a la actual junta directiva demasiado combativa en su relación con el Consistorio.
Además, apuntan a la supuesta connivencia de empresarios como Juan Ferri y José Baldó, vinculados al hotel ZEM y que en su día fueron condenados por administración desleal y delito fiscal. Ambos evitaron la entrada en prisión tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción y abonar 27 millones de euros.
Estas acusaciones han disparado la tensión en la urbanización, un enclave que no es ajeno a la polémica debido a la presencia de millonarios extranjeros y personajes de relieve internacional, lo que hace de la seguridad un aspecto especialmente sensible.
La respuesta del Ayuntamiento: neutralidad y legalidad
El Ayuntamiento de Altea ha reaccionado con rapidez para desmentir «categóricamente» cualquier injerencia en el proceso electoral interno de la entidad urbanística. A través de un comunicado oficial, Zaragozí asegura que ni él ni la institución tienen conocimiento de los candidatos que concurren a la junta, ni han mantenido contacto alguno con ellos.
«El deber del Consistorio es garantizar que la Entidad Urbanística, que tiene la obligación de conservar y mantener la urbanización, cumpla la ley y no traslade a toda la ciudadanía gastos que no le corresponden. Hemos actuado con transparencia, neutralidad y en defensa del interés público», ha afirmado el primer edil.
El consistorio explica que su actuación responde únicamente a la solicitud de un grupo de vecinos y que se ha limitado a aplicar la normativa vigente. En este marco, ha decidido anular el nombramiento de Lucía Guirado Pérez como presidenta de la entidad, al comprobarse que no es propietaria de ninguna parcela en la urbanización, requisito indispensable para formar parte de la entidad y más aún para presidirla.
Del mismo modo, se ha declarado nulo el acuerdo que designaba como asesores a Luis Campomanes, la empresa Apobersa y sus abogados, al detectarse un evidente conflicto de intereses. Estas entidades habían gestionado de manera deficiente el suministro de agua en la urbanización, con pérdidas de más del 50%, lo que obligó al Ayuntamiento a recuperar la concesión y a invertir más de tres millones de euros en obras de emergencia.
«La junta representada por Guirado pretendía que esos gastos recayeran sobre el conjunto de vecinos de Altea, algo que este consistorio considera inaceptable», sostienen fuentes municipales.
El Ayuntamiento insiste en que su papel seguirá siendo garantizar la legalidad y evitar perjuicios al conjunto de la ciudadanía. «Queremos transmitir un mensaje de tranquilidad. El Ayuntamiento de Altea seguirá velando siempre por la legalidad, la transparencia y el interés general de nuestros vecinos», concluye Zaragozí.
