El Gobierno sostiene que defiende el «interés general» en el Tajo-Segura
La ministra Isabel Rodríguez ha hecho estas declaraciones tras las alegaciones anunciadas por el Consell sobre el trasvase
EP / Redacción
Miércoles, 4 de enero 2023, 12:35
La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha respondido este miércoles al presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, que anunció que iba a presentar alegaciones ante el Consejo de Estado por el por el trasvase Tajo-Segura. Así, ha asegurado que éste defiende el interés de su comunidad y el Gobierno, el de todo el país.
En declaraciones a los medios desde Ciudad Real, Rodríguez ha defendido la actuación del Ejecutivo, que según ha indicado ha preparado unos informes «que han sido aprobados por la mesa del agua» y elevados al Consejo de Estado.
Rodríguez ha defendido la actuación del Ejecutivo, que según ha indicado ha preparado unos informes «que han sido aprobados por la mesa del agua» y elevados al Consejo de Estado
Asimismo ha sostenido que lo que trata de hacer el Gobierno Central es poner al río Tajo un nivel de caudal ecológico que no tenía hasta ahora «para dar cumplimiento a la normativa europea y a las sentencias del Tribunal Supremo», ha explicado. «El presidente de la Generalitat Valenciana defiende el interés de su comunidad autónoma y el Gobierno, del conjunto de nuestro país«, ha respondido.
Reacciones políticas
Rodríguez ha hecho estas declaraciones después de que Puig anunciara este martes que pretende presentar alegaciones ante el Consejo de Estado sobre el trasvase Tajo-Segura.
Puig exige mantener el precio del agua desalada
El presidente valenciano también exigió al Ejecutivo de Pedro Sánchez mantener el precio del agua desalada y expresó su «rechazo frontal» a la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de anular la subvención que venía concediendo al agua desalada que usan los regantes de la zona y que supondrá triplicar los precios de la misma.
La ministra ha destacado asimismo la inversión por parte del Gobierno de 650 millones de euros en desaladoras, que a su juicio van a garantizar la buena gestión de los recursos hídricos «también para el sector de la agricultura» en esta zona.
