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Los funcionarios de Justicia celebran este miércoles su tercera jornada de huelga, la primera que afecta al horario total, ya que en las dos anteriores los paros se realizaron entre las 10 y las 13 horas. En el caso del martes, último día del que hay datos disponibles, los sindicatos convocantes -la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), UGT, STAJ y CCOO- han calificado la protesta de completo éxito, según aseguran desde el comité de empresa. En Alicante la movilización afecta a 2.150 trabajadores de la Administración de los trece partidos judiciales de la provincia.
Desde el comité de empresa estiman que, de continuar esta situación, se necesitarán hasta dos años para recuperar el trabajo causado de momento por esta huelga. El Ministerio de Pilar Llop ha convocado a los sindicatos a negociar para este jueves, aunque desde el CSIF avisan que «hasta que no haya una propuesta concreta encima de la mesa vamos a mantener la presión».
De acuerdo con los datos que manejan las asociaciones convocantes de la huelga, en los dos días de paro parcial se han paralizado unas 700.000 actuaciones judiciales en toda España (expedientes, notificaciones, diligencias, providencias, escritos, etc). Uno de los aplazamientos más sonados es la del juicio de 'Gürtel' a Francisco Camps en la Audiencia Nacional.
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No es el primer pulso con el que tiene que lidiar la ministra de Justicia, Pilar Llop. El pasado enero los letrados judiciales comenzaron una huelga que paralizó la Justicia durante dos meses, y que dejó graves consecuencias a nivel nacional. En Alicante se bloquearon 185 millones de euros y se suspendieron alrededor de 20.000 juicios.
Los paros parciales continuarán de manera indefinida y durante este miércoles se realiza una huelga de 24 horas. Asimismo, se ha celebrado una manifestación que ha partido del Ministerio de Justicia hasta el Ministerio de Hacienda y Función Pública para exigir una subida salarial «digna» en línea con la aprobada para los letrados, un reconocimiento de sus funciones y la paralización de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO) que «impone nuevas condiciones laborales sin previa negociación».
Según informan desde el comité de empresa, el paro parcial ha tenido un seguimiento del 85 % por parte de los 45.000 funcionarios de los Cuerpos Generales y Especiales, responsables de toda la gestión en la Administración de Justicia, así como los médicos forenses, facultativos de Toxicología, técnicos de laboratorio, entre otros.
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