Segundo pulso a la Justicia: más de 2.000 funcionarios reclaman un aumento de sueldo en Alicante

La protesta ha sido convocada por cuatro sindicatos (CSIF, STAJ, CCOO y UGT) «en defensa de una subida salarial digna, un reconocimiento de sus funciones, y la paralización de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO) que impone nuevas condiciones laborales sin previa negociación». Según los datos facilitados por el comité de empresa, el primer día de movilización ha tenido un seguimiento del 85% de media, tanto a nivel estatal como en Alicante.

La huelga afecta a 2.150 trabajadores de la Administración de Justicia de los trece partidos judiciales de la provincia de Alicante. Aquellos que secunden la medida interrumpirán su actividad de 10 a 13 horas. El miércoles 19 de abril el paro se realizará durante toda la jornada y se ha convocado una manifestación que partirá de la sede del Ministerio de Justicia.

El primer choque con Justicia, protagonizado por los LAJ, tuvo grandes consecuencias en Alicante: 185 millones de euros bloqueados y alrededor de 20.000 juicios suspendidos. Unos números que, en palabras de las asociaciones convocantes del paro indefinido, «podrían haberse evitado si la negociación se hubiera iniciado a tiempo». Según los letrados de la provincia, se tardará casi un año en recuperar todo el trabajo atrasado.

El bloqueo acabó tras dos meses de acusaciones cruzadas con un incremento salarial bruto para los LAJ que oscila entre los 430 y los 450 euros -según el nivel-. Ahora es el turno de los funcionarios de los Cuerpos Generales y Especiales del Ministerio que lidera Pilar Llop, cuya movilización persigue el mismo objetivo: un aumento de su retribución.

El sindicato CSIF (Central Sindical Independientes de Funcionarios) -el colectivo con mayor representación en la Administración- asegura que la petición que le hizo al Ministerio de trasladar el acuerdo que se ha llegado con los letrados judiciales a una mesa de negociación para que sea aplicable a los 2.150 funcionarios de los trece partidos judiciales de la provincia de Alicante no ha tenido respuesta.

Para CSIF, no sentarse a negociar supone «una falta de respeto a todo el personal de Justicia por parte del Ministerio». Además, advierte de que si no se reúne de manera inmediata la mesa de negociación no descarta «ninguna medida de presión».

Este nuevo pulso a la Justicia puede que no sea el último. Otro de los sectores, como el de jueces y fiscales, ya ha avisado de que solicitará también aumentos de sus retribuciones. A finales de febrero, las cuatro asociaciones judiciales -AJFV, FJI, JJpd y APM- y la Asociación de Fiscales (AF) pidieron una reunión con el Ministerio para abordar una subida salarial. La amenaza de conflicto por parte de este colectivo sigue, por tanto, bien presente.