El 'caso Enchufes' de Benidorm da un nuevo giro con la apertura de juicio oral a dos exediles socialistas y seis técnicos municipales
Los acusados se enfrentan a penas de más de cuatro años de cárcel por prevaricación, malversación y tráfico de influencias
El Juzgado de Instrucción nº2 de Benidorm ha dictado apertura de juicio oral por el conocido como 'caso Enchufes' en el que se investigan supuestas irregularidades en la política de contratación de personal y la cobertura de distintas plazas por parte del último gobierno socialista de la ciudad encabezado por el ya fallecido Agustín Navarro.
En un auto fechado el 16 de octubre de 2023, la jueza ha decretado la apertura de juicio oral, a petición del Ministerio Fiscal y la acusación particular que ejerce el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (Spplb), contra dos exediles y seis técnicos del Ayuntamiento de la capital turística imputados por supuestos delitos continuados de prevaricación administrativa, malversación y tráfico de influencias.
Será ahora la Audiencia Provincial de Alicante la que determine la fecha del juicio después de que los acusados comparezcan en la causa.
Anteriormente varios de los imputados habían presentado recursos para evitar la apertura de juicio oral solicitando que se declarara prescrita la causa, a lo que la Fiscalía Provincial de Alicante se opuso.
Penas de cárcel y de inhabilitación
Los encausados son los exconcejales socialistas Natalia Guijarro y Juan Ramón Martínez, además de dos representantes de sindicatos y cuatro técnicos municipales. Todos ellos se enfrentan a penas de 8 años y 6 meses de inhabilitación para cargo público en el caso del delito continuado de prevaricación administrativa y de 4 años y 6 meses de prisión y 7 años de inhabilitación por malversación.
La investigación parte de una denuncia del Ministerio Fiscal a instancias de otra cursada por parte del Sindicato Profesional de Policías y Bomberos de Benidorm que ponía sobre aviso acerca de la posibilidad de que la Relación de Puestos de Trabajo de 2010, aprobada en pleno pese a un informe contrario del Interventor municipal, incluía una subida salarial que suponía un aumento de la masa salarial del personal del Ayuntamiento superior a la máxima autorizada para ese año.
Además, tal y como recoge el auto, también «se crearon y cubrieron determinadas plazas cuya urgencia y necesidad no estaba justificada».
«43 enchufados»
La acusación también recoge la creación y cobertura «de un elevado número de plazas de personal laboral temporal» pese a las restricciones establecidas por ley en ese momento y que la parte acusadora cifró en «43 enchufados».
Así cuando la tasa establecida para el personal funcionario de nuevo ingreso era de tres, fueron 13 los que se incorporaron. Todo ello produjo un desajuste en la partida presupuestaria de personal de 4,5 millones de euros.
