La cuenca del Segura entra en alerta por la escasez de agua

Con los embalses al 26,4% de su capacidad, las reservas han bajado cinco hectómetros cúbicos respecto a la pasada semana. Los más de 100 litros por metro cuadrado que han caído estos días en las distintas partes de la cuenca no han evitado que se decrete este nivel de alerta.

Eso sí, tal y como esplica la CHS, las precipitaciones mantienen a la zona fuera de la situación de sequía prolongada, por lo que la declaración de sequía extraordinaria se vislumbra todavía lejana.

Con todo, el organismo explica que, de mantenerse la contención de los consumos, el agua está garantizada para el regadío y usos industriales hasta finales de septiembre, todo ello sin la necesidad de aplicar restricciones. Además, avisan de que el consumo humano no se verá afectado, en principio, en los próximos meses del nuevo año hidrológico.

Aun así, desde la CHS inciden en que se deberá continuar ajustando los consumos del regadío a los desembalses aprobados por la Comisión de Desembalse, a fin de garantizar el suministro de este año hidrológico para llegar al final con un volumen adecuado de las reservas.

Por su parte, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha instado al Gobierno central a aprobar «con urgencia» el convenio que regulará el trasvase Júcar-Vinalopó y que permitirá los envíos de recursos hídricos a estas comarcas «para los próximos 10 años».

Mazón lo ha pedido durante un acto celebrado en Aspe en relación con el arranque de la campaña de Uva de Mesa del Vinalopó. El máximo dirigente de la Comunitat ha lamentado que «el Consejo de Ministros siga esperando tanto tiempo para aprobarlo» y ha asegurado que este acuerdo dará proyección al campo alicantino y no pondrá solo «parches anuales».

El popular ha criticado duramente la gestión del agua en la provincia por parte del Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez, que «ha recortado 25 veces el trasvase Tajo-Segura». Mazón ha asegurado que «el agua es fundamental» para la provincia y que desde el Consell «vamos a luchar con unidad para denunciar el agravio permanente que supone para Alicante la actitud del Gobierno de Sánchez».