El Gobierno de Sánchez liquida el Tajo-Segura

Este documento recoge un aumento de los caudales ecológicos del río de 6 metros cúbicos por segundo a 8,6 en 2027 y un recorte de 105 hectómetros cúbicos anuales al Trasvase Tajo-Segura. No quedaría agua para regar. Los caudales que ahora llegan del Acueducto pasarían a ser suministrados por desalinizadoras a tres o cuatro veces su precio actual. Inasumible para quien quiera vivir del campo.

Como último acto desesperado, cientos de agricultores volverán a coger sus vehículos particulares y se plantarán este martes ante sede de la Presidencia del Gobierno de España. El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) ha convocado una nueva movilización en Moncloa para demostrar la importancia que tiene para la agricultura de Alicante, Murcia y Almería lo que los ministros deciden dentro.

«Aún no hemos perdido la batalla», ha clamado este lunes el presidente del Scrats, Lucas Jiménez, en la convocatoria de movilización. Pero las esperanzas son vanas. «Nos esperamos nada», ha lamentado el presidente de Riegos de Levante, el veterano Ángel Urbina.

Los precedentes, como decía también este lunes Carlos Mazón, no invitan al optimismo, desde luego. El Ministerio de Transición Ecológica se ha mostrado inflexible en su negativa a debatir nada que no sea el finiquito del Trasvase Tajo-Segura. Aluden motivos medioambientales (la protección del río) y jurídicos (hasta cinco sentencias del Tribunal Supremo para fijar caudales ecológicos).

Todos estos argumentos han sido rebatidos no solo por los regantes y usuarios. También la Generalitat Valenciana ha presentado alegaciones al Consejo de Estado para que emitiera un dictamen negativo sobre el plan de cuenca. En balde.

Por su parte, la Diputación Provincial de Alicante ha demostrado sobradamente en informes técnicos la necesidad del Trasvase Tajo-Segura para la economía de la provincia de Alicante. Sin ese agua tan necesaria, el sector hortofrutícola alicantino morirá. Las pérdidas económicas, sociales y medioambientales serán catastróficas.

El Instituto del Agua de la Universidad de Alicante pone cifras: 15.000 empleos, 27.000 hectáreas de cultivos que quedarán yermas y 5.962 millones de euros de pérdida patrimonial. Un golpe en toda regla a un sector tradicional, a un modo de vida y a una provincia que vive de la tierra y el agua.

Nada le ha valido por el momento a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. La Generalitat Valenciana, también del PSOE, encontró un punto de acuerdo con el Ministerio. Que al final no ha cumplido.

Tampoco la presión social de los agricultores tras la histórica manifestación celebrada ante el Ministerio de Transición Ecológica. «Los regantes no es compatible con el interés general», ha llegado a decir la ministra Ribera en un hotel de lujo en Madrid mientras los regantes protestaban en su puerta.

Aún queda una última esperanza. Una negociación política de última hora que bien pueda guardar en el cajón el plan de cuenca del Tajo que defiende el Ministerio, bien un cambio en el decreto ley que augure una esperanza para el Trasvase Tajo-Segura y, por ende, al campo alicantino. No hay nada más a lo que agarrarse.

El plan de cuenca del Tajo ya ha pasado por todos los trámites administrativos pertinentes. El borrador fue aprobado el pasado 29 de noviembre en un polémico Consejo Nacional del Agua, remitido después por el Consejo de Estado y su último trámite es el Consejo de Ministros. Una vez lo apruebe el Gobierno, directamente entrará en vigor sin pasar por las Cortes Generales.

Que lo haga este martes, o no, depende única y exclusivamente de la voluntad política. Tan inflexible en unos casos y tan maleable en tiempos electorales.