«¿Dónde me meto yo? ¿Debajo de un puente?»

India Santiago ha salido de la que ha sido su casa durante los últimos dos años y medio con su hija menor de un año en un brazo y una bolsa con ropa en el otro. Es todo lo que ella y su pareja han podido sacar de la que hasta ahora ha sido su vivienda: un pequeño piso de una habitación. En los próximos días, si lo desean, podrán solicitar la llave para recoger el resto de sus pertenencias, aunque por ahora no saben a dónde llevarlas ni dónde dormirán esta noche.

Ni el numeroso grupo de activistas del Sindicat de Barri de Carolines y el concejal de EU-Podem, Manolo Copé, ni los vecinos que se congregaban a las puertas han podido evitar el desahucio de esta familia. En este caso, el propietario de la vivienda no es un particular ni un fondo inversor, sino la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA).

La comitiva judicial ha llegado a las 9:30, acompañada de una fuerte presencia policial. Con gritos de «vergüenza me daría desahuciar a una familia», los activistas del Sindicat y un grupo de vecinos han recibido a los representantes del EVHA. Una treintena de personas se ha acercado al número 4 de la calle Pintor Castelló para intentar frenar el desalojo.

«Estamos muy mal. Llevamos más de dos años viviendo en esta casa y legalmente nos tienen que hacer un alquiler social y un contrato», explica India. Se muestra decepcionada, ya que durante este tiempo han intentado en varias ocasiones regularizar la situación de la vivienda, que estaba a nombre de un familiar. «Hemos movido papeles» para tratar de conseguir un alquiler social. «Saben que tengo un bebé y otro en camino y me tiran de esta manera. El EVHA le echa la culpa al juzgado y el juzgado al EVHA», lamenta la joven.

El desahucio les deja sin alternativas. La madre de India vive con su abuela, y la de su pareja tiene ya a siete personas en casa. «¿Dónde me meto yo? ¿Debajo de un puente?», se pregunta.

El Sindicat destaca que la familia reside en la vivienda desde el fallecimiento de un familiar, cuya posición arrendaticia pretenden subrogar. Esta figura ya se ha reconocido en la legislación valenciana, al menos desde 2015. Sin embargo, subrayan la dificultad del caso al tratarse de un desahucio promovido por una entidad pública, algo que solo los activistas más veteranos del movimiento por la vivienda recuerdan haber vivido.

Sin emabrgo, desde el EVHA destacan que la persona que les cedió el uso no era el legítimo adjudicatario de la vivienda, un hecho que desconocen si la familia de India conocía. Es por ello por lo que resulta imposible la figura de la subrogación que reclaman. De hecho, desde esta entidad afirman que no están inscritos en el registro de Demandante de Vivienda ni en su expediente consta ningún informe de vulnerabilidad ni urgencia.

La alternativa que plantea el EVHA como solución habitacional es la reagrupación familiar. Por un lado la abuela de India es adjudicataria de una vivienda del EVHA que comparte con la madre de la afectada. En el caso de Manuel, la pareja de India, sus padres viven también en uno de estos pisos, de hecho, en febrero de 2024 -fecha del último informe presentado-, él mismo contaba como parte de la unidad familiar.

Desde el Sindicat de Barri han señalado que en este caso la comitiva del EVHA ni siquiera quiso entablar diálogo con los activistas a su llegada, algo que consideran inusual. «Incluso cuando viene una comitiva de un fondo buitre o un particular, aunque vayan a ejecutar el desahucio, se paran a hablar con nosotros». Tampoco han logrado negociar en persona con ningún responsable de la entidad ni han recibido respuesta a los correos electrónicos enviados.

«En vez de contribuir a garantizar el acceso universal a la vivienda, el EVHA desahucia y defiende sus propiedades como cualquier otro especulador», denuncian en un comunicado. Además, critican las largas listas de espera del EVHA, donde «gran parte de las compañeras del sindicato llevan años inscritas sin apenas esperanzas». Desde este organismo a su vez han denunciado que cuentan con más de 2.000 viviendas ocupadas ilegalmente, lo que dificulta atender las necesidades y la listas de espera de quines sí cumplen la ley.

También advierten de que, cuando finalmente se produce una adjudicación, suele ser lejos del barrio de origen, generando problemas de desarraigo. «Mientras tanto, el EVHA mantiene viviendas vacías o abandonadas en Alicante. En lugar de asegurar que sus propiedades estén bien mantenidas y habitadas por familias que las necesitan, desahucia», concluyen. «Nos encontramos con que el gobierno autonómico no ha utilizado ninguna de las herramientas a su disposición para sacar vivienda del mercado: al contrario, sigue regalando suelo público a empresas privadas para que construyan pisos con precios inaccesibles».

• Temas
• Vivienda