Mayor, enferma y en riesgo de desahucio: la difícil situación de Olga

Olga es una persona mayor, una vecina de Alicante con problemas de salud que este martes, 27 de mayo, se enfrenta al posible desahucio de su vivienda. La casa en la que vive desde hace más de 20 años fue comprada por un fondo de inversión y ahora quieren desalojarla de su vivienda.

Según denuncia el Sindicat de Barri, la mujer no dispone de una alternativa habitacional, hecho que queda recogido en un informe de vulnerabilidad actualizado recientemente. Pese a ello, según estos activistas, la jueza encargada del caso ha decidido no tener en cuenta este documento, y el procedimiento sigue adelante.

Es por ello por lo que desde esta entidad han hecho un llamamiento a la ciudadanía a concentrarse frente al portal de la afectada, en el número 4 de la calle Alcalde Suárez Llanos, para tratar de detener el lanzamiento. De hecho denuncian que el fondo que quiere «desalojar a Olga» cuenta con decenas de de casos similares en Alicante, muchos de ellos relativos a viviendas de protección oficial.

En concreto, al menos 25 familias asesoradas por el Sindicat están afectadas por procedimientos de desahucio promovidos por esta empresa, que adquirió estas propiedades de un banco tras la crisis financiera de 2008. «En una decena de esos casos, las viviendas seguían teniendo contratos de alquiler en vigor», aseguran desde el Sindicat.

Desde el Sindicat de Barri se exige el archivo de todos los procedimientos de desahucio vinculados a este fondo de inversión, así como la retirada del mercado de aquellas viviendas aún habitadas. Entre las soluciones que proponen destacan la venta simbólica de los inmuebles a las familias que los ocupan, contratos de alquiler social indefinidos o, en su defecto, la adquisición pública de estas viviendas por parte de la Generalitat, especialmente en los casos de antiguos inmuebles de protección oficial.

La convocatoria de este martes busca, además de frenar el desahucio de Olga, visibilizar una situación que, denuncian, «se ha vuelto habitual en barrios de Alicante, donde los intereses inmobiliarios y financieros estarían, según el colectivo, por encima de la protección social y habitacional de personas vulnerables».

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