Vivienda desaloja a una pareja y su hijo de tres años en Alicante por okupar un piso social

Momentos de tensión se han vivido durante la mañana de este miércoles en el barrio José Antonio (actual Miguel Hernández) de Alicante. Una familia -los progenitores de 30 años y su hijo de tres y medio- ha sido desalojada de una vivienda pública en el número 2 de la calle Pavía.

Los ocupantes residían de forma «ilegal», apuntan desde la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha), en este inmueble desde hacía año y medio.

Estos habían accedido al mismo al traspasarles la vivienda el anterior inquilino -también «ocupante ilegal»- que comunicó su marcha al Servicio de Mediación Social del órgano autonómico.

La familia desalojada durante la mañana de este miércoles reconoció, según el EVhA, las condiciones en las que accedieron a esta vivienda, «destinada a cubrir necesidades habitacionales de quien lo solicita de forma regular».

Ha sido a primera hora cuando el Sindicat del Barri Carolines se ha congregado en las inmediaciones del edificio de la calle Pavía para intentar frenar el desalojo.

Durante la jornada se han vivido momentos tensos entre los manifestantes con agentes de Policía y trabajadores, que han procedido a cambiar la puerta de acceso a la vivienda por una blindada para evitar futuras ocupaciones ilegales.

La familia ha salido de la vivienda y cuentan, según relata el EVhA a través del informe de la trabajadora social, con alternativa habitacional «mediante la reagrupación familiar».

La madre de ella es adjudicataria de una vivienda de la Generalitat, cercada a la vivienda ocupada ilegalmente, en régimen de arrendamiento. Reside sola en el domicilio y cuenta con una habitación disponible, detallan desde el EVhA.

Desde el Sindicat Barri de Carolines han denunciado que este lanzamiento fue anunciado el pasado viernes 6 de junio cuando «un inspector del EVhA, acompañado de la policía, les dio una orden de entrada al piso», con tal de efectuar el desalojo.

Al mismo tiempo, explican que la familia ha solicitado al órgano autonómico su permanencia en la vivienda con «un alquiler social acorde a su renta familiar», al percibir una nómina mensual de 645 euros.

No obstante, desde el EVhA apuntan a que esta familia está inscrita en el Registro de Demandantes de Vivienda desde el pasado 27 de mayo, «cuando ya se les había comunicado el desalojo».

Asimismo, el órgano autonómico detalla también que la Subdirección de Intervención Social registró el pasado 10 de mayo un escrito en la sede electrónica del Ayuntamiento de Alicante comunicando la existencia del procedimiento.

En el mismo se incluyeron las circunstancias de la unidad de convivencia «a los efectos de que se adopten las medidas que estimen oportunas desde los Servicios Sociales municipales, ya que el procedimiento podría suponer el desalojo de la vivienda. El expediente no consta respuesta desde el Ayuntamiento».

Esta familia, formada por C, L y su hijo menor, presentó también la solicitud para contar con un abogado de oficio. Desde el Sindicat Barri de Carolines han detallado que dicho trámite se realizó el pasado 9 de junio, «dentro del plazo de tres días establecido» para estas demandas.

Desde el Juzgado, relatan desde la asociación, «les informaron de que no contarán con un servicio de representación legal hasta el 18 de junio, una semana después de su lanzamiento».

El Sindicat Barri de Carolines denuncia que «ningún partido político hace nada por detener esta sangría de personas que se quedan en la más absoluta precariedad, con lo que eso supone para su salud y posibilidad, ya no de vivir, sino de sobrevivir. Sin techo no hay una posibilidad digna de vida».

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