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«No es tan difícil saber qué apartamentos son turísticos ilegales», afirma Celia Martínez, presidenta de la asociación de vecinos de San Antón en Alicante. En su caso, desde la asociación han confeccionado un listado caminando por un barrio que cuenta con poco más de 10 calles y después lo han cotejado con la base de datos de la Generalitat relativa a las viviendas de uso vacacional.
Y es que para Martínez el problema no es este tipo de uso, sino quienes lo hacen sin la autorización correspondiente y de manera ilegal. Con esa lista han trasladado la información a las concejalías de Turismo y Urbanismo, aunque de momento desconocen si se han tomado medidas.
Desde la asociación de vecinos de San Antón llevan tiempo denunciando no solo estos apartamentos sin licencia, sino también otras prácticas asociadas de dudosa legalidad. Así, Martínez ha insistido en que se está convirtiendo en una práctica habitual en el barrio hacer reformas estéticas de casas en mal estado para en pocas semanas tener una vivienda en una plataforma turística. «Hemos visto levantar una casa entera en 10 días, era una vivienda sobre la que ya habíamos hecho una petición de derribo y ahora le han practicado un lavado de cara y la están alquilando», explica la dirigente vecinal sobre un caso en particular.
Y es que, según denuncian, en algunos casos los turistas no se dan cuenta de las prácticas ilegales. Esta vecina afirma que en el caso de esta vivienda no cuentan ni siquiera con agua corriente, sino que tiene un depósito que se rellena con manguera desde otra vivienda anexa del mismo propietario, detalla.
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Ante estas y otras prácticas los vecinos han mostrado su preocupación. «Es totalmente ilegal y estamos cansados de trasladar quejas a las administraciones y no acaban de actuar, no sabemos por qué, si hay denuncias«, explica Martínez. Temen que algunas de estas casas puedan suponer un peligro para los turistas o los vecinos que viven al lado. Y además protestan por »la impunidad«. »Conseguimos paralizar una obra al lado de mi casa , pusieron el precinto y luego lo quitaron y siguieron con las obras«, afirma la presidenta.
De hecho, desde la asociación de vecinos consideran que aumentar las inspecciones y con ellas las sanciones sería una gran medida para acabar con los apartamentos vacacionales ilegales. Insisten en que se tienen que tomar medidas duras contra aquellos que incumplan la normativa. «Si los ponen en alquiler sin licencia hay que multarlos y obligarles a ponerlo en larga estancia, así se acabaría el problema de los ilegales y de la subida del alquiler», ha concluido.
En los últimos meses el Ayuntamiento de Alicante ha abierto un centenar de actas de infracción y tramitado los correspondientes expedientes de suspensión de actividad a apartamentos turísticos que no cumplían con la normativa. La mayoría de los expedientes de suspensión de actividad que se han abierto se focalizan en apartamentos turísticos sin licencia localizados en la playa de San Juan y la zona centro de Alicante. Desde Urbanismo recuerdan que para ejercer la actividad no es suficiente con estar registrado en la conselleria de Turismo, sino que hay que obtener la compatibilidad urbanística y la correspondiente licencia de actividad.
«Animamos a los alicantinos a que denuncien cualquier actividad turística que sospechen que se está ejerciendo de forma irregular, ya que ellos, junto con los agentes de la Policía Local, son nuestros ojos para controlar esta actividad en cada barrio», exponen desde el equipo de gobierno.
Tras tener constancia, a través de la inspección, de que se está desarrollando la actividad turística en un apartamento sin la correspondiente licencia, el Ayuntamiento notifica al propietario la orden de suspensión de actividad. En caso de que la siga ejerciendo, se procede al precinto del apartamento.
La imposición de sanciones le corresponde, hasta el momento, al Consell, pero está previsto que la competencia se traslade al Ayuntamiento de Alicante a corto plazo. Los expedientes abiertos corresponden a VUT que habían sido previamente denunciadas y también a aquellas que están registradas en el censo de la Generalitat, pero cuya compatibilidad urbanística ha sido declarada no apta por la concejalía de Urbanismo.
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