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Desde la Concejalía de Urbanismo, «tras numerosas denuncias y quejas recibidas», se ha iniciado un procedimiento de orden de ejecución del deber de conservación de inmuebles al estadio José Rico Pérez, en este caso a su propietario el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), para que en el plazo de dos meses presente un informe técnico sobre el estado de la instalación deportiva de su propiedad.
El concejal de Urbanismo, Adrián Santos, ha explicado que «desde el ayuntamiento no podemos permitir que no existan las medidas de seguridad y sanitarias en el estadio Rico Pérez, donde se reúnen miles de personas durante la celebración de los partidos y eventos allí realizados, la Generalitat como propietaria debe velar por este tema.»
El edificio que tiene una superficie de 29.000 metros cuadrados, data de 1972 y tiene una antigüedad en torno a los 51 años, en los cuales «el mantenimiento ha sido deficitario por lo que presenta erosiones de elementos estructurales», indica el Ayuntamiento, «además existe un mal funcionamiento de los aseos y falta de higiene».
Así mismo, recuerdan desde el Consistorio, «el incumplimiento injustificado de la orden de ejecución emitida, permitirá a la concejalía imponer multas coercitivas». Más allá de esto, «el objetivo de este informe es salvaguardar la salud y la seguridad de los usuarios del edificio», indican las mismas fuentes.
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