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El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha autorizado nombrar 173 funcionarios interinos -149 se contratarán sin cargo a vacante y otros 24 con cargo- para prestar atención en materia de servicios sociales. A estos funcionarios se añaden otros 13 puestos incorporados por el Ayuntamiento a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Ocuparán plazas de psicólogos, asesores jurídicos, agentes de igualdad, asistentes sociales, educadores sociales, técnicos auxiliares, monitores de ocio y auxiliares administrativos.
De esta manera, se ocuparán las plazas del contrato programa firmado con la Generalitat Valenciana en 2021 por el que la administración autonómica subvenciona la contratación de personal para servicios sociales y que expiró el pasado 31 de diciembre. El nuevo contrato programa permanecerá vigente hasta finales de 2025.
El Grupo Municipal Socialista, a través del concejal Emilio Ruiz, ha criticado que el gobierno de Luis Barcala (PP) «esté dispuesto a incumplir la legislación en materia de Servicios Sociales, contratando una veintena de profesionales menos de lo que se necesita para atender a los colectivos más vulnerables de Alicante». En ese sentido, el edil ha explicado que el área de Bienestar Social del propio Ayuntamiento ha estimado que es imprescindible una plantilla de 192 especialistas, tras haber despedido a 188 el pasado mes de diciembre. Sin embargo, «el alcalde ha decidido que sólo se contratará a 173 profesionales interinos. Ruiz ha explicado que debido al recorte de Barcala, este año no se podrá contratar el número de especialistas necesarios».
Dicho cese de profesionales conlleva «la prestación insuficiente del servicio por no cubrir las necesidades», lo que produce un «aumento significativo de las listas de espera», así como un «incremento de las urgencias sociales y malestar en los ciudadanos», con el «posible retraso en la atención a situaciones de riesgo de colectivos vulnerables».
La designación se hará por orden de puntuación en las bolsas de empleo temporal vigentes o, dada la urgencia de la selección y con el fin de agilizar el proceso para garantizar el servicio, los candidatos se elegirán a través del Servicio Valenciano de Ocupación y Formación (Labora).
Con el contrato programa, la administración autonómica y la municipal establecen la colaboración, cooperación y coordinación para «garantizar la provisión de unos servicios sociales de calidad a la ciudadanía y de una mayor eficacia en el uso de recursos públicos».
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