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El bebé fue supuestamente enterrado en una fosa común del cementerio de Alicante. Miriam Gil Albert
Interponen una querella criminal por la desaparición de un bebé en el Hospital de Alicante hace 60 años

Interponen una querella criminal por la desaparición de un bebé en el Hospital de Alicante hace 60 años

La ilicitana María José Picó denuncia la sustracción de su hermana gemela: «Nos dijeron que murió de frío tras el parto, pero no hay registros ni restos en la fosa donde supuestamente se la enterró»

Pau Sellés

Alicante

Viernes, 23 de febrero 2024, 13:24

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Este viernes se ha interpuesto en los juzgados de Alicante la primera querella en territorio español por «robo de bebés» durante el periodo franquista. La querellante es la ilicitana María José Picó, presidenta también de la Asociación de Víctimas de Alicante Bebés, quien denuncia la sustracción de su hermana melliza en el año 1962 en el Hospital General de Alicante. La iniciativa ha sido impulsada por la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA), que ha ofrecido este viernes una comparecencia pública con la participación de la querellada.

María José ha detallado durante su relato como, a las pocas horas del nacimiento, una monja del hospital comunicó a su madre que una de las dos mellizas acababa de morir víctima del frío. Sin posibilidad de ver el cuerpo, al padre se le encomendó la tarea de traer al hospital una caja donde depositar los restos mortales de la pequeña.

«La caja fue devuelta ya claveteada y con la premura de ser llevada específicamente al cementerio de Alicante, donde esperaba un enterrador», apunta la querellante; todo ello a pesar de que la familia tenía su seguro de defunción en Elche. Aquellos supuestos restos mortales fueron depositados en una fosa común.

María José Picó, querellante, durante la comparecencia de este viernes.
María José Picó, querellante, durante la comparecencia de este viernes. Paco Alarcón

María José explica que sus padres siempre recordaron aquel trágico episodio con suspicacia: «Albergaron muchas dudas, pero nunca pensaron que fueran objeto de un robo de bebés». No fue hasta el año 2012, después de que las informaciones de este tipo de casos se generalizaron en la prensa, que la familia inició un procedimiento legal para esclarecer lo ocurrido. 

La búsqueda de registros que certificaran la muerte de la pequeña empezó en el propio hospital donde nació, en el cual no figuraba información relativa a la madre; solo la partida de nacimiento de María José, pero no de su melliza. Tampoco en el registro civil había la menor constancia de la pequeña.  

Allí debería haber figurado el deceso a través de un documento llamado legajo de aborto, pero, según cuenta la querellante, en el registro civil de Alicante les dijeron que todos estos documentos anteriores a 1978 se habían perdido. «Este cúmulo de irregularidades nos llevó a pensar que mi hermana fue robada, por lo que acudimos a la fiscalía de menores». 

El fiscal ordenó la exhumación del cuerpo hasta en dos ocasiones. En el primero se localizó la impronta del improvisado féretro, bajo la cual se hallaron unos restos humanos que acabaron por no coincidir con el ADN familiar. La segunda exhumación se realizó en otro emplazamiento concreto del cementerio, donde tampoco se encontraron los restos. Ante esta infructuosa búsqueda, la fiscalía no emplazó la causa al juzgado, por lo que el proceso llegó a un punto muerto.

Un crimen que no prescribe

La querella presentada este viernes en Alicante permite reavivar el caso, en el cual los familiares denunciantes se convierten en acusación y parte activa del proceso. El abogado de CEAQUA Jacinto Lara Bonilla, encargado de llevar el caso, asegura que la querella se presenta con la perspectiva de un crimen de desaparición forzada y de lesa humanidad, una consideración, esta última, que hace que el delito no prescriba. 

Para el letrado, el presunto delito se produjo en un contexto de «ataque generalizado y sistemático a la población -especialmente a las mujeres-, fruto de una trama criminal con la connivencia del Estado español, y con una vulneración del derecho internacional». 

Los querellantes denuncian que el crimen atenta contra el derecho internacional y debe ser considerado de lesa humanidad

La querella se interpone específicamente contra el director del hospital alicantino de aquella época, el personal sanitario que intervino en el parto, y toda persona involucrada en la supuesta desaparición que pueda ser identificada durante la investigación judicial. Antes de ello, el juzgado deberá admitir la causa e impulsar las diligencias pertinentes, algo que de no producirse, abre la puerta a la familia a recurrir -incluso a instancias internacionales-, ya que al ser querellantes representan una parte activa dentro del proceso judicial.

María José reconoce las dificultades de encontrar a su hermana sin que se lleve a cabo esa investigación judicial. «No tenemos la menor pista de dónde puede estar. Debió ser registrada como hija biológica para su nueva familia, así que puede no saber que es adoptada; y en caso de que lo sepa, podría no estar interesada en buscarnos. Además, somos mellizas, no gemelas, por tanto nuestro parecido físico no es una garantía».  

Sustracciones con modus operandi

En la rueda de prensa de este viernes -celebrada en la sala Miguel Hernández de la sede de la Universidad de Alicante- también ha participado la representante del área de 'bebés robados' de CEAQUA, Soledad Luque Delgado, quien ha reconocido que este tipo de delitos se llevaron a cabo siguiendo un modus operandi concreto, «siempre en clínicas o en áreas hospitalarias de maternidad, y con la figura del Estado presente, ya fuera mediante leyes o decretos, poca voluntad de investigar, o con el archivo masivo de las causas judiciales». 

Durante la comparecencia también se ha aludido a un informe de Amnistía Internacional respecto al «robo de bebés» en el Estado, según el cual se habrían producido millares de ellos entre las décadas de los 30 y los 90 del siglo pasado. Un número significativo de estos casos se concentra entre 1944 y 1954, algo más de 30.000, según el citado informe, en el que además se denuncia que el Estado español no habría favorecido una colaboración o respuesta suficiente en la investigación.

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