Hacienda y la Policía Nacional registran una nave en Elche por una trama internacional de importaciones ilegales desde China

El rastro de una organización criminal dedicada al fraude fiscal en la importación de mercancías desde China ha llevado a Hacienda y la Policía Nacional a registrar una nave industrial en Elche, según ha podido conocer este diario. La red desactivada presuntamente había defraudado en Europa más de 700 millones de euros, 56 de los cuales ha dejado de ingresar la Agencia Tributaria. Para ello, usurparon la identidad fiscal de un centenar de mercantiles españolas.

La operación, liderada por la Fiscalía Europea (EPPO), se saldó con la detención de diez presuntos miembros del entramado -seis en España- y una decena de registros por todo el territorio nacional, entre ellos el de la nave de Elche, donde la Unidad Especial de Guías Caninos de la Policía Nacional de Alicante y el grupo de Blanqueo de la Agencia Tributaria intervinieron 1.500 euros, una pequeña cantidad del botín total decomisado a la organización en nuestro país: 475.000 euros en efectivo y 490.000 en criptomonedas, según detallan fuentes de la investigación. Durante el operativo también se confiscaron 11 propiedades, 27 vehículos y diversos artículos de lujo como relojes, bolsos y joyas.

La EPPO considera que se trata de una de las estructuras más sofisticadas de fraude intracomunitario detectadas hasta la fecha, no solo por el volumen defraudado, sino por la implicación de profesionales legales y fiscales que facilitaron las operaciones desde dentro del sistema.

El operativo, llevado a cabo por la Policía Nacional, Vigilancia Aduanera y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria (AEAT), se inició tras una denuncia en 2023 por parte de una empresa almeriense que, tras recibir un requerimiento de la AEAT reclamando las cuotas de IVA supuestamente defraudadas, se percató de que le habían usurpado su identidad mercantil en relación con operaciones intracomunitarias en las que no había participado.

El complejo entramado desmantelado por la Fiscalía Europea se apoyaba en un esquema tan ambicioso como sofisticado. El punto de partida era el puerto griego de El Pireo, convertido en auténtica puerta de entrada a la Unión Europea para miles de toneladas de mercancía procedente de China. Pero detrás de esa aparente legalidad se escondía una operación milimétricamente diseñada para defraudar al fisco europeo.

Las mercancías, principalmente textiles, electrónica y productos de consumo, llegaban con declaraciones aduaneras manipuladas: precios artificialmente bajos, clasificaciones arancelarias erróneas y documentos falsificados. El objetivo: reducir al mínimo el pago de aranceles y evitar que las autoridades detectaran la verdadera naturaleza de los bienes.

Una red de facilitadores profesionales, entre ellos agentes aduaneros, asesores fiscales y proveedores de servicios logísticos, blindaba la operación en su origen, asegurando el despacho de las mercancías y su venta ficticia a empresas registradas en Bulgaria pero con actividad en Grecia. Estas firmas pantalla utilizaban un número de IVA griego, clave para dar apariencia de legalidad a las operaciones.

El verdadero golpe fiscal se producía mediante el uso fraudulento del Procedimiento Aduanero 42 (CP42), un mecanismo legal pensado para facilitar el comercio intracomunitario que, en manos de esta red, se convertía en una grieta por la que se escapaban millones de euros. Este procedimiento permite importar productos sin pagar el IVA en el país de entrada si el destino final está en otro Estado miembro. La organización se aprovechaba de ello para simular operaciones entre empresas de distintos países, encadenando sociedades interpuestas para ocultar el verdadero destino de la mercancía.

España, Alemania, Italia, Hungría o Eslovaquia aparecían como presuntos países receptores de los bienes, pero los destinatarios finales eran empresas fantasma, sin actividad real, que jamás recibían las mercancías ni abonaban el IVA correspondiente. En algunos casos, la red llegó incluso a usurpar identidades fiscales de sociedades legítimas, introduciendo sus datos en la cadena documental para reforzar la apariencia de legalidad.

Una vez introducidos en la UE, los productos eran almacenados en centros logísticos secretos, controlados directamente por la red criminal. Se trataba de espacios cerrados, organizados como auténticos clústeres comerciales gestionados por comunidades chinas, con un acceso muy restringido. Desde allí, las mercancías se distribuían a sus verdaderos destinos: almacenes y puntos de venta en Francia, Italia, Polonia, Portugal y especialmente España.

Los productos se vendían en efectivo, fuera del circuito fiscal, alimentando una economía paralela que operaba al margen del sistema. Los documentos de transporte se destruían tras la entrega, borrando cualquier rastro que pudiera conectar el origen con el destino real. Con este mecanismo, la organización no solo eludía el pago del IVA y los aranceles, sino que también reventaba los precios de mercado, generando una competencia desleal frente a operadores legales.

Una vez cerrado el circuito de distribución, comenzaba el proceso de blanqueo de las ganancias. El dinero obtenido, en buena parte en efectivo, era enviado a China mediante distintas fórmulas: desde la compraventa ficticia de productos hasta sistemas bancarios paralelos, pasando por redes internacionales de lavado que ofrecían estos servicios a terceros grupos delictivos.

Esta maniobra convertía a las organizaciones en estructuras criminales integrales, capaces de controlar todo el ciclo delictivo. Un negocio opaco, inmenso y extraordinariamente rentable.

En definitiva, la operación 'Calypso' ha sacado a la luz una red criminal empresarialmente estructurada, que aprovechó las propias normas de la UE para articular uno de los fraudes fiscales más graves detectados en el viejo continente en los últimos años.

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