La familia del legionario muerto en Agost pide «justicia» ante el arranque del juicio este martes

Ocho procesados se sientan este martes en el Tribunal Territorial Militar Segundo (en Sevilla) por la muerte de un joven legionario en el campo de maniobras de Agost. El Ministerio Público acusa a cuatro de los procesados: dos tenientes, un capitán y un sargento.

A este último (que responde a las siglas de S.A.G.), como presunto autor del tiro que acabó con la vida del legionario de 21 años, se pide una pena de siete años, cinco meses y 15 días de prisión, por un presunto delito por imprudencia grave durante la ejecución de un ejercicio de armas. La fiscalía también solicita penas de cuatro años y medio de cárcel como coautor a uno de los dos tenientes procesados.

Ante el inicio del juicio, los padres del militar, que respondía al nombre de Alejandro Jiménez, han reclamado «justicia» por su muerte. «Quiero que pierdan el uniforme, del primero al último, pero no solo de la Legión, sino del Ejército», ha manifestado ante los medios el padre de la víctima, Juan José Jiménez, quien acompañado de su mujer, Chari Cruz, han asistido este martes a la primera de las 15 sesiones en las que se desarrollará la vista oral en la que ejercen la acusación particular. «Quiero que desaparezcan, desde el primero hasta el último. No los quiero en el sueño de mi hijo», ha añadido.

El primer periodo de sesiones del juicio oral se ha señalado entre los días 14 y 16 de febrero para el interrogatorio de los procesados. El Tribunal Territorial Militar Segundo acogerá entre los días 21 y 22 las periciales, mientras que, en un tercer periodo de sesiones fijado entre los días 14 y 23 de marzo, será el turno de los testigos, y de las conclusiones de las partes para quedar visto para sentencia.

Los padres sostienen que los acusados por la muerte del caballero legionario deben ser desposeídos de sus uniformes para «limpiar» la Legión, sentido en que han reclamado una mayor implicación del Ministerio de Defensa, que «debería ser el primero en querer limpiar» las filas, puesto que algunos de ellos «están vistiendo el uniforme del Ejército de Tierra en otras unidades».

Para los padres, la muerte de Alejandro Jiménez no constituye un accidente. «Si tienes los blancos delante y estamos todos disparando hacia delante, no hay explicación lógica que pueda mantener el sargento ni nadie de cómo mi hijo cae completamente a su izquierda, a 90 grados del sargento, por un proyectil directo del sargento, es que no tiene ningún sentido», ha defendido su progenitor.

En este sentido, los progenitores han incidido en la supuesta ocultación de los hechos como una de las situaciones que más les han marcado después de cuatro meses de secreto de sumario. Así, el padre ha explicado que cuando se desplazó al cuartel de la Guardia Civil de Alicante a recoger los enseres de su hijo, fue recibido con la frase: «Le llevan mintiendo desde el minuto cero».

Los padres del caballero legionario han demandado también al Ejército que «revisen sus protocolos de ejercicios» porque «no había ni un médico presente en el campo de maniobras» cuando Alejandro Jiménez «recibe el tiro». «Que actualicen esos protocolos y que la seguridad esté más valorada dentro de esos ejercicios para que no le vuelva a pasar a nadie», han reclamado.

Para encuadrar los hechos atribuidos al sargento de cuyo fusil se produjo el fatal disparo, la Fiscalía Jurídico Militar sostiene que en un momento de las maniobras desarrolladas el 25 de marzo de 2019 «mandó el alto el fuego y reconocimiento de los blancos cuando el pelotón estaba unos 20 metros de los mismos, cesando disparos y acercándose para su reconocimiento dos soldados, quienes dieron la novedad de 'blancos abatidos'».

Detalla el Ministerio Público que, a continuación, gritó «enemigo al frente, al faldón de la montaña, en claro blanco a las doce» y que lo hizo «sin que dicha orden estuviese prevista previamente en la programación del ejercicio a realizar, ni se hubiese puesto en conocimiento del pelotón durante las instrucciones recibidas al efecto», lo que habría supuesto un «traspaso claro de las instrucciones dadas» por uno de los tenientes, «quien era en ese momento el oficial al mando y responsable máximo en la ejecución del mismo».

Remarca en su escrito que el incorporar «sobre la marcha» un nuevo objetivo por parte del suboficial se «pretendía aumentar el consumo de munición toda vez que se había consumido menos de lo esperado dada la rapidez con la que habían realizado el ejercicio programado» y describe que la ejecución de ese nuevo objetivo se realizó «subiendo el binomio más adelantado a la cresta del merlón, abriendo fuego desde la posición cuerpo a tierra».

El fiscal relata que uno de esos disparos efectuados por el sargento «cuando se encontraba en pie, con el culatín de fusil apoyado en el hombro, desde el merlón y a una distancia de unos 12,50 metros orientado a la posición» del caballero legionario fallecido, impactó sobre el mismo, «quien se encontraba en ese momento situado el primero por el flanco izquierdo en posición de rodilla en tierra o guardia baja, con su fusil orientado al suelo» ya que, según precisa, en el momento del impacto estaba «comprobando su armamento tras agotar munición».

El proyectil alcanzó el culatín del fusil, «desestabilizándose y sufriendo un volteo, que sin embargo no alteró su dirección, impactando a continuación en su cuerpo», ocasionándole una herida fatal «por orificio de bala en hemitórax derecho».

En ese sentido, el citado sargento ha reconocido que como "jefe del pelotón", promovió de "improviso" el "segundo objetivo" una vez culminado el asalto inicial al merlón. "Lo decidí sobre la marcha", ha manifestado, precisando eso sí que aunque sí efectuó disparos en la primera maniobra de asalto, en ningún momento hizo "fuego al segundo enemigo" fijado por él mismo. En ese sentido, el sargento encausado ha defendido en varias ocasiones que una vez él no disparó desde el merlón asaltado por el pelotón.

A preguntas de la acusación particular, el sargento ha asegurado que "ninguna vez" ha disparado al aire por encima de las cabezas de otros efectivos para bromear, extremo que ha calificado de "aberración".

En ese marco, ha manifestado ser consciente de los informes periciales según los cuales el proyectil que alcanzó al legionario fallecido procede del fusil que él usaba y que en el merlón asaltado fueron localizados siete casquillos de proyectiles disparados con dicha arma que él portaba. Esos informes periciales, según ha asegurado, son "totalmente erróneos".

Después de que recibiese la herida mortal, el sargento S.A.G. habría recriminado con insultos a un compañero que «rompió a llorar» y habría «violentado e intimidado» a «testigos» para «influir directa o indirectamente» sobre ellos durante la investigación.

En concreto, a uno de los legionarios que habría alertado a los investigadores lo habrían «acosado» y el capitán de la compañía habría dado órdenes a los integrantes de los dos pelotones que participaban en las maniobras para «encubrir» los hechos con «mentiras» y «alterando el escenario».

En su auto de procesamiento, el juez ya apuntó que la «multitud de versiones ofrecidas sobre lo sucedido» y la «evidente contradicción entre el resultado de los informes y las declaraciones», lo que, según indicó, le llevó «necesariamente a concluir que pretendieron ocultar lo realmente acontecido, silenciando aspectos determinantes y tergiversando otros, con la única finalidad de dificultar la investigación policial y judicial y el descubrimiento de lo sucedido».

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