El exalcalde de Llíber asegura que no recibió ningún soborno por la construcción de más de 290 chalets

El exalcalde de Llíber, José Mas, ha asegurado este martes que no recibió ningún soborno por tramitar la concesión de licencias para la construcción de más de 290 chalets en este municipio entre 1999 y 2003. Sobre ello, ha incidido en que «jamás» cobró dinero ni tampoco obtuvo un coche.

Así lo ha manifestado durante la primera sesión del juicio en la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Alicante, que junto a Mas sienta en el banquillo a diez acusados por presuntas irregularidades urbanísticas detectadas en estas edificaciones, levantadas en suelo calificado como no urbanizable.

Entre los acusados, están el actual primer edil y concejal del PP en el momento de los hechos, José Juan Reus, un arquitecto municipal y varios promotores urbanísticos. No van a ser juzgados los exconcejales José Bautista Reus y José Fullana, ya fallecidos, ni la entonces secretaria del Ayuntamiento, excluida del proceso debido a su incapacidad por padecer una enfermedad.

Durante su declaración, informa Europa Press, Mas -que solo ha querido responder a preguntas de su abogado, Joaquín Galant- ha defendido que las cuestiones relativas a estos inmuebles se consultaban con el arquitecto municipal para ver si reunían o no las condiciones necesarias y que todas las decisiones pasaban por el Pleno del Consistorio y «por mayoría».

La Fiscalía sostiene que las casas fueron vendidas a compradores de nacionalidad extranjera que, en su mayoría, no las han podido legalizar. En su escrito de calificación inicial, considera que los hechos juzgados son constitutivos de los delitos de estafa, contra la ordenación del territorio, prevaricación y cohecho, por los que solicita condenas de cárcel que oscilan entre los 15 meses y los siete años, junto con penas de multa e inhabilitación.

El ministerio público mantiene en dicho escrito que el exalcalde «solicitó y obtuvo» de uno de los promotores acusados, Miguel Muntaner, un coche de la marca Mercedes en mayo de 2000 «por un precio de 2.288.431 pesetas», además de 10.000 euros por la autorización de un tendido eléctrico y 3.000 euros por cada una de las licencias que se le concedieron, «no menos de siete». En este punto, añade que esto lo confesó el constructor a la Guardia Civil «antes de conocer que las diligencias se seguían por tales hechos».

En concreto, la Fiscalía pide para Mas 15 meses de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante ocho años y seis meses por un delito continuado contra la ordenación del territorio, así como cuatro años y un día, 45.000 euros de multa y nueve años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de cohecho.

Para el actual alcalde y concejal en el momento de los hechos enjuiciados, José Juan Reus, el ministerio fiscal solicita una multa de 18 meses con una cuota diaria de seis euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante ocho años y seis meses por un delito continuado contra la ordenación del territorio.

De otro lado, la acusación que ejercen algunos propietarios de estos chalets, representados por el abogado Bernardo del Rosal, solo acusa a constructores fundamentalmente por estafa por presuntamente vender dichas viviendas «como si fueran legales, cuando en realidad eran ilegales», según ha explicado antes de iniciar el juicio.

Del Rosal ha detallado que inicialmente los dueños de los inmuebles también acusaban a los miembros de la corporación municipal del consistorio de Llíber que votaron a favor de la concesión de licencias, que a su juicio son «ilegales» porque «se concedieron de acuerdo con unos constructores que vendieron las casas con apariencia de legalidad cuando eran ilegales».

Sin embargo, ha continuado, los propietarios decidieron retirar la acusaciones contra los ediles porque pensaban que ello «podía entorpecer una solución con el actual Ayuntamiento para conseguir cédulas de habitabilidad» para dichas viviendas y, por tanto, solo la mantienen contra los constructores.

Del Rosal también ha indicado que representa a una treintena de dueños de los inmuebles en el momento de iniciarse este juicio, pero anteriormente a más propietarios, si bien algunos ya han fallecido y otros «se han querido olvidar de esta cuestión». De hecho, varios están agrupados en la plataforma 'Abusos Urbanísticos Llíber No'.

La primera sesión ha comenzado con retraso hasta que finalmente se ha autorizado «de forma excepcional» la comparecencia por videoconferencia de uno de los promotores acusados, de origen alemán, desde su país. Durante esta jornada se han abordado las cuestiones previas y solo ha declarado el exalcalde José Mas como acusado. Hay previstas siete jornadas más en este juicio hasta el 21 de mayo.