«Encontramos a gente por el suelo que nos pedían agua y que les sacáramos de allí»

Caos absoluto, sin protocolo durante las primeras semanas de la pandemia, ni instrucciones de cómo actuar. Es la situación que han descrito los primeros testigos que han declarado en el juicio civil que se ha iniciado este lunes por la muerte de 15 residentes en la residencia DomusVi de Alcoi durante la pandemia de Covid, aunque en total murieron 74 personas en dicho centro.

Un juicio que se celebra cuatro años después de los hechos y tres desde que la Asociación de Familiares de Afectados DomusVi de Alcoi-Cocentaina, integrada por 46 familiares, interpuso la demanda contra la empresa que gestiona la residencia y la compañía aseguradora.

Ya lo anunciaron los familiares y así ha sucedido en la primera vista oral que se celebra en el juzgado de Instrucción y Primera Instancia número tres de esta localidad. Se han escuchado relatos muy duros, como el del jefe sección de la Unidad de Hospitalización Domiciliaria del Hospital Virgen de Lirios de Alcoi, M. P.

El doctor, que diariamente acudía a atender a enfermos que requieren cuidados especializados de rango hospitalario en la propia residencia, ha relatado lo que se encontró el día 12 de marzo de 2020 cuando llegó al centro. «Lo peor fue la impresión de ver gente desnuda, con sólo el pañal, pidiendo agua. Gente por el suelo pidiendo que los sacáramos de allí. Una impresión de hecatombe y desastre tan grande que no había visto en toda mi carrera. Fue muy duro, una sensación de impotencia», ha asegurado.

Ha apuntado que durante la pandemia fue a otras residencias y que la situación con la de DomusVi de Alcoi era «abismal», incluso con la que gestiona la misma empresa en Cocentaina. «El trato de gestión fue muy diferente en una y otra», ha asegurado.

«Nos encontramos con un fallecido el primer día que fuimos y nadie lo sabía», ha subrayado. «El problema es que no cesaban los contagios por falta de aislamiento y no se estaban aplicando los protocolos» y ha insistido en que nadie le hacía caso pese a que insistía que había que separar a los residentes positivos y que con la directora pudo hablar alguna vez por teléfono, pero que estaba teletrabajando.

Después de muchas quejas tanto el médico de la propia residencia como al gerente del Hospital Virgen de Lirios, este doctor decidió trasladar una queja escrita a la Conselleria de Sanidad. La decisión la adoptó tras la entrada de una nueva médica en la residencia que sustituyó, según sus palabras, el tratamiento contra el Covid prescrito por un tratamiento que ha denominado «de paramedicina», consistente en inyectar anestésicos en un músculo, «eso no tiene nada que ver con el Covid».

El resto de testigos han sido gerocultores que ya no trabajan en DomusVi. Todos han coincidido en destacar que estaban desbordados por la falta de personal; que incluso realizaban tareas que correspondían a las enfermeras, como la dispensación de medicamentos sin supervisión; que los protocolos se impusieron una vez que el centro fue intervenido por Conselleria y la desinformación que hubo para con los familiares.

«Cuando llegué a trabajar era un caos absoluto. Me recibieron en el hall y sólo nos dieron un mono y el mínimo material. Ningún protocolo de actuación». Es lo que ha testificado una de las gerocultoras, V. L. que fue contratada en plena pandemia. «El 21 de marzo aún no se sabía quien tenía Covid y quien no; luego ponían folios en las cabeceras de las camas con símbolos de más, menos o interrogación, que suponíamos que significaban positivo, negativo y que no se sabía, porque nadie nos explicó nada».

«El primer mes fue terrible. La gente se ahogaba y no hacían nada más que moverles de una habitación a otra. Nadie sabía qué tenía que hacer. Al final ordenaron que tenían que estar en sus habitaciones, sin moverse ni siquiera para ir al baño de la misma habitación». Es el testimonio de otro extrabajador, A. J.

Algo que ha corroborado otra de las testigos, también extrabajadora, B.P. «Los gerocultores estábamos abandonados en las plantas. Se moría la gente y no subían ni a acompañar a los funerarios», ha manifestado llorando. «Me encontré a varias personas que estuvieron 12 horas muertas en la habitación, una de ellas con la compañera consciente en la cama de al lado. Eso es muy cruel. Llamé a la supervisora y le dije que por qué no se habilitaba la capilla para llevar a los fallecidos. Me constestaron que no había medios para llevarlos a cabo».

Un testimonio similar contó previamente la primera testigo, asegurando que hubo residentes que murieron y no tenían Covid. «Había una señora que se estaba quejando, que no podía comer y en los dos días que estuve de turno ni comió ni bebió nada. Llamé desde la planta para informar y me contestaron que esa señora era muy quejica y que tenían otras cosas que hacer. Cuando volví a los dos días de mi descanso, esa señora ya había fallecido. Se podrían haber salvado más gente», ha lamentado.

También se ha puesto de manifiesto en esta primera sesión la exposición de los mismos trabajadores durante la crisis sanitaria. Han relatado que durante los primeros días no tenían ni mascarilla, que posteriormente tenían que compartirla y que la desinfectaban con alcohol antes de pasarla al compañero y que cuando tuvieron EPIs, al entrar en contacto con contagiados no tenían doble protección y que utilizaban la misma protección para atender a todas las personas.

La última de las testigos ha asegurado que el día 14 de marzo enfermó de Covid y que la supervisora le obligó a trabajar. «Les tuve que dar de comer como pude porque no podía tenerme en pie y sin mascarilla y fue una médica de la Unidad de Hospitalización Domiciliaria quien me dijo que me fuera a casa de inmediato».

Los testimonios de tres de los testigos podrían no tenerse en cuenta. La defensa de la parte demandada, Quavitae (matriz de DomusVi), ha presentado tacha contra ellos antes del inicio de la vista, es decir, los ha recusado por considerar que podrían tener algún interés contra la empresa. El juez, dado que no ha dado tiempo para comunicarlo a la parte demandante, ha dado cinco días hábiles para contestar a dicha recusación.

De estos tres extrabajadores, dos fueron despedidos, aunque fueron considerados despidos improcedentes y el otro se fue voluntariamente por no aguantar más la situación. Los tres firmaron una queja formal que elevaron a la dirección del centro por la falta de personal.

Este martes proseguirán los testimonios propuestos por la parte demandante, los familiares de los fallecidos, cuya representación ha estado presente en el juicio, llegaban a primera hora de la mañana al juzgado con una pancarta en la que rezaba «Justicia para las víctimas. Dignidad para los residentes».

«Queremos que estos días salgan a a luz las circunstancias que llevaron a la muerte de nuestros familiares. Nos toca escuchar y esperar y que este esfuerzo colectivo sea una vía de esperanza ante las numerosas demandas que siguen esperando una respuesta de la Justicia ante las miles de muertes ocurridas en residencias durante la pandemia y que sirva para que no se repita», ha manifestado el portavoz de los afectados y parte demandante, José Luis García.

Aseguran que ellos no buscan dinero, porque hubieran querido que el juicio fuera penal e insisten en que lo que buscan son respuestas por parte de la gestora, a la que acusan de poner todas las trabas para acceder a la información y a los historiales de sus familiares. En concepto de responsabilidad civil piden más de 2 millones de euros.

Una de las familiares que ha querido hablar es Silvia Peris. Su padre, enfermo de Alzheimer, murió en los primeros días de la pandemia. Asegura que fue muy traumático pensar lo que pasaron. Que no eran informados por la residencia y que no pudo despedirse de su padre ni saber si estaba en el ataúd.

«Es un proceso muy duro. Mucha gente se ha quedado atrás por no revivir la pesadilla que vivieron allí. Pero ilusionados por que después de cuatro años, a ver si conseguimos que alguien nos diga qué pasó allí, qué hicieron mal para que murieran 74 personas. No buscamos compensación económica, buscamos saber qué hicieron con nuestros familiares», ha manifestado.

También lamenta la falta de atención e información que recibieron. «Al principio sólo podíamos comunicarnos por teléfono. Te decían si tu familiar estaba o no bien y después, de la noche a la mañana, termina esa información. Era un sin vivir porque te llamaban a las dos o las cuatro de la mañana para decirte que había muerto».

El juicio se ha iniciado dando conocimiento por parte del juez de que la parte demandada ha presentado recurso reposición para que la vista fuera a puerta cerrada. El juez lo ha denegado, al prevalecer el derecho a la información y dado que los datos de carácter personal que la parte demandada ha alegado para solicitarlo pertenecen a los familiares fallecidos de los denunciantes y estos dan su consentimiento.

También tras la renuncia de varios de los testigos previstos para el miércoles de la parte demandada, el juicio se acortará un día y las conclusiones serán el 10 de octubre.

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