185 millones bloqueados y 20.000 juicios suspendidos: las secuelas de la huelga de Justicia en Alicante

La huelga de los letrados de la Adminstración de Justicia (LAJ), que ha paralizado durante dos meses los juzgados y tribunales de todo el país, ha dejado grandes secuelas en la provincia de Alicante: 185 millones de euros bloqueados y unos 20.000 juicios suspendidos. Unos números que, en palabras de las asociaciones convocantes del paro indefinido «podrían haberse evitado si la negociación se hubiera iniciado a tiempo».

Según los datos que manejan las asociaciones de letrados, en Alicante la huelga ha sido secundada por tres de cada cuatro técnicos judiciales. Los más de 60 días de bloqueo han finalizado con un subida salarial de entre 430 y 450 euros brutos, que compensan la carga de trabajo asumida tras la implantación de la oficina judicial en 2010. A partir de este miércoles, todos los letrados judiciales estarán operativos.

El dinero que no ha podido gestionarse está congelado en las cuentas de Depósitos y Consignaciones y corresponde a multas, embargos, pensiones, fianzas e indemnizaciones. Durante estos dos meses de protesta solo los servicios mínimos han evitado que los juzgados bajasen la persiana por completo. «Somos un colectivo muy pequeño, pero como el funcionamiento del juzgado depende de nosotros la huelga para la justicia», afirman desde el cuerpo de letrados.

Si bien es cierto que este acuerdo pone fin a la tensión, no resuelve el gran problema: el atasco generado en los juzgados de toda España. Una dificultad endémica que se ha visto agravada tras los dos meses de parón. Tal es la magnitud del trabajo atrasado que los técnicos judiciales de Alicante avisan de que se va a tardar «casi un año» en recuperar.

Asimismo, informan que en el propio acuerdo incluye un posible -todavía está en el aire- plan de refuerzo con incentivos para trabajar más horas y así poder agilizar el trabajo que se ha quedado pendiente. También advierten de que a pesar de que este miércoles vuelven todos los letrados a su trabajo, todavía habrá juicios señalados que se suspendan porque no haya nadie citado. «Vamos a vivir diez días con suspensiones porque las citaciones no se han cursado», aseguran.

La decisión de finalizar con los 63 días de bloqueo de la Justicia ha sido acordada por la mayoría de los LAJ durante las asambleas celebradas el pasado lunes a lo largo de todo el país. En total, de los 2.013 letrados que han participado en la votación -la mitad de la plantilla- tres de cada cuatro han apoyado la oferta del Ministerio.

Por otro lado, el 21% se han manifestado en contra, mientras que el 3% restante se ha abstenido, según los datos que ha facilitado el comité de huelga. La firma del acuerdo de manera oficial se ha producido este martes a las 11 de la mañana en el Ministerio.

En detalle, la oferta se cuantifica en una subida de 430 euros brutos mensuales -como complemento de eficiencia- para los LAJ donde todavía no se ha implementado la nueva oficina judicial. Y de entre 430 y 450 euros brutos para aquellos que forman parte de los tres niveles directivos.

La subida salarial acordada va condicionada en tres plazos: un 40 % con efectos retroactivos al 1 de enero pasado, otro 40 % a percibir desde el 1 de enero de 2024 y el 20% restante el 1 de julio de 2024. Esta oferta costará a la cartera presidida por Pilar Llop 22 millones de euros anuales.

Por último, el Ministerio y el colectivo de letrados de la administración se han comprometido a -en el plazo de tres meses- crear grupos de trabajo conjuntos para tratar diversas cuestiones de interés para el cuerpo de funcionarios, la planificación de objetivos que se les van a fijar, el análisis del impacto de la huelga y la evolución de la carrera profesional.

El Colegio de la Abogacía de Alicante (Icali) ha emitido un comunicado en el que pide a los representantes de los diferentes órganos judiciales «un plan de acción conjunto y uniforme que permita escalonar la vuelta a la actividad judicial» una vez finalizada la huelga que comenzó el pasado 24 de enero.

Solicita, entre otras medidas, que las notificaciones se realicen de forma progresiva y escalonada; que se dé prioridad a la resolución de asuntos de violencia de género y familia en los que se deban establecer por primera vez medidas para menores, así como aquellas autorizaciones para disponer de bienes de personas con discapacida; y establecer un orden cronológico para los señalamientos que fueron suspendidos durante la huelga.

Icali asegura que a lo largo de estos dos meses que ha durado el paro se han mantenido diversas reuniones con el fin de minimizar el grave perjuicio que la huelga ha ocasionado a los justiciables y profesionales de la abogacía.

Asimismo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha instado este miércoles a adoptar con carácter urgente medidas para garantizar la vuelta a la normalidad de los órganos judiciales tras la huelga. La Comisión Permanente solicita a los presidentes del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los TSJ información sobre las medidas que creen necesarias.

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