Guardias civiles denuncian el «ataque» del Gobierno a la UCO y miran a Interior

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha expresado su profunda preocupación ante las informaciones conocidas en los últimos días que apuntan a posibles intentos de interferencia en la labor de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita.

Desde la organización manifiestan su absoluto respaldo a la profesionalidad, el rigor y el compromiso con el Estado de Derecho que demuestran los agentes de la UCO en el desempeño de sus funciones. «Esta unidad ha demostrado sobradamente su competencia y eficacia en investigaciones de gran complejidad y trascendencia, actuando siempre bajo el principio de legalidad y bajo la dirección de la autoridad judicial competente», sostienen.

Además, consideran que en un Estado de Derecho resulta «inaceptable» cualquier intromisión real o presunta que pueda interpretarse como un intento de «condicionar o limitar» la actuación de los cuerpos policiales en su labor investigadora. «Las unidades de investigación deben trabajar con plena independencia operativa, sin presiones externas, y con todas las garantías jurídicas», añaden.

En el mismo escrito, cargan contra la Dirección General de la Guardia Civil, ya que les «sorprende y preocupa» su «silencio». Además, no entienden que no se haya pronunciado para defender públicamente el trabajo de sus propios efectivos, especialmente de aquellos destinados a unidades tan sensibles y exigentes como la UCO. «Una institución que no respalda con firmeza a sus profesionales ante situaciones como la presente, mina su propia credibilidad y deja desprotegidos a quienes arriesgan su carrera, e incluso su seguridad, en la lucha contra el crimen», sentencian.

Desde hace años, la AUGC viene denunciando el «desmantelamiento progresivo» de unidades fundamentales para la seguridad ciudadana y la labor del Cuerpo: el cese de la unidad de Tráfico en Navarra, el cierre de Oconsur, las cesiones de competencias en Puertos y Aeropuertos de Cataluña, la voluntad de cerrar el GRS 8 en Canarias, el progresivo desmantelamiento de unidades del Seprona, y el cierre de la ORIS del Ministerio del Interior. Estos hechos evidencian una preocupante deriva que debilita operativamente a la Guardia Civil y perjudica directamente al servicio que se presta a la ciudadanía.

Ahora, este «ataque» a la UCO se suma a un contexto en el que no se reconoce el riesgo diario que asumen los guardias civiles en el ejercicio de sus funciones, negandoles la consideración de profesión de riesgo, denuncian desde la organización. Además, añaden «la negativa reiterada» del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, «a mantener una reunión con nuestra asociación, ignorando nuestras legítimas reivindicaciones».

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