El Gobierno plantea incluir el derecho al aborto en la Constitución como hizo Francia para retratar al PP con Vox
Anuncia también una reforma legal que impida que las mujeres que quieran interrumpir su embarazo reciban «información falsa», al hilo del debate suscitado por las declaraciones del alcalde de Madrid
El Gobierno ha anunciado hoy que tiene intención de incluir el derecho al aborto en la Constitución, como ya hizo Francia en marzo de 2024. Las posibilidades de lograr ese cambio constitucional son en realidad mínimas porque haría falta una mayoría cualificada y los socialistas lo saben. La propia ministra de Igualdad, Ana Redondo, reconoció hace año y medio que en España no se dan ni las «circunstancias» ni los «consensos» necesarios para alumbrarlo. Pero el mero lanzamiento de la propuesta sirve para intentar recuperar la bandera feminista, maltrecha por la controversia en torno a las pulseras antimaltrato, y para mantener vivo un debate en el que el PP navega con enormes dificultades, como ha vuelto a quedar de manifiesto esa semana con la polémica protagonizada por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
El regidor madrileño rectificó ayer y reconoció que el 'síndrome postaborto' «no es una categoría científica reconocida», después de que el pleno del consistorio aprobara en el pleno del martes una propuesta de Vox que exige a los empleados municipales advertir a las mujeres gestantes que deseen interrumpir su embarazo de que su decisión puede derivar en depresión, anorexia, bulimia, disfunciones sexuales, autolesiones, consumo de alcohol y drogas, pensamientos suicidas e incluso aumento de cánceres en el aparato reproductor femenino. Almeida aseguró además que los profesionales no informarán de algo que no está reconocido por los médicos, que no será la ultraderecha la que dictamine de qué se informa a las mujeres y que, en todo caso, el acceso a la información será voluntario y no obligatorio.
El patinazo, aun así, ha permitido a Sánchez insistir en un argumento que sustentó en buena medida su última campaña electoral: que existe un riesgo de involución sobre derechos y libertades que hasta ahora se daban por sentados si gobiernan la derecha y ultraderecha . Y pese a la marcha atrás del alcalde de Madrid, el Ejecutivo ha anunciado hoy que también tiene intención de impedir que las mujeres que quieren interrumpir su embarazo reciban «información falsa o sin evidencia científica» a través de la modificación del Real Decreto 825/2010.
La propuesta de blindar en la Constitución en derecho al aborto no es nueva. Sumar ya la formuló en 2024, justo después de que Francia se convirtiera en el primer país en dar ese paso y en marzo de este año se la envió al resto de grupos de la Cámara para tratar de trabajar en un consenso previo a su registro. También el propio PSOE se comprometió en su último congreso, celebrado en Sevilla en noviembre del pasado año, a impulsar una reforma de la Carta Magna para recoger tanto ese derecho como el matrimonio igualitario, pero hasta ahora no lo ha hecho.
El pasado lunes, sin embargo, la ministra de Igualdad -muy cuestionada por los fallos en el sistema VioGén- ya desenterró el asunto en un acto organizado por su Ministerio y el de Sanidad(en manos de Sumar) para conmemorar los 40 años de la legalización del aborto en España, en el que denunció que la derecha quiere «devolver a las mujeres a tiempos oscuros». «Ese es el camino -dijo sobre el blindaje constitucional- porque si los derechos se reconocen constitucionalmente, cuando hay un cambio de mayorías en el Gobierno hay que respetar las reglas de juego».
