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Los podólogos alicantinos y de la mayoría de comunidades autónomas de nuestro país manifiestan una demanda que une a la profesión: su inclusión en el sistema público de salud. Solo unas pocas autonomías (como Cantabria y Baleares) cuentan con estos profesionales en las plantillas de sus centros sanitarios públicos; una desigualdad territorial que en parte se debe a que el Ministerio de Sanidad no ha incluido esta especialidad en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. En la práctica, eso forzaría a la Conselleria de Sanidad y a sus homónimas en el resto de comunidades a implantar esta figura, cumpliendo así además la proposición no de ley aprobada en 2021 por el Congreso en ese sentido.
A pesar de esas buenas intenciones, la promesa todavía no se ha materializado, a pesar de las insistentes demandas de los colegios oficiales de podología de gran parte del país, canalizadas a través de su Consejo General. La institución colegial en nuestra Comunitat (ICOPCV) celebra este año su cuarto de siglo de existencia, una efeméride en la que pone encima de la mesa dos grandes demandas. A saber, luchar contra el intrusismo de la profesión, y su inclusión en el sistema público de salud. Dos reivindicaciones que están íntimamente relacionadas.
La presidenta de la institución colegial valenciana, Pilar Nieto, recuerda que en nuestra Comunitat hay un compromiso por dotar al sistema público de 15 plazas para estos profesionales. «Pueden parecer pocas, pero con su dotación se podría en práctica el principio que se conoce como 'creación de necesidad'. Es decir, una vez quedara demostrado que esas plazas son insuficientes, el sistema se vería en la obligación de crear más», explica Nieto.
Fue en 2013 cuando se abrió la puerta a la entrada de los podólogos en el sistema público, tras su reconocimiento como personal estatutario por parte de la Agencia Estatal de Salud Pública. Pero más de diez años han pasado sin que se haya plasmado esa ansiada petición. A pesar de ello, desde el ICOPCV reconocen la predisposición de la actual Conselleria de Sanidad a efectuar la dotación de esas plazas, que fueron dimensionadas durante el gobierno del Botànic.
Lo que por el momento se desconoce son los tiempos y la forma de esa medida. En otras palabras, cuándo se abrirá esa bolsa de trabajo y en qué centros sanitarios se distribuirán los nuevos puestos de trabajo. Pilar Nieto tiene claro que los profesionales de la podología deben estar presenten en todos los niveles del circuito asistencial, desde la Atención Primaria hasta los hospitales y los centros de especialidades.
La presidenta del ICOPCV considera que actualmente existe un «vacío» en la administración pública para el tratamiento de los pies, y que la inclusión de estos profesionales supondría un «ahorro para el sistema y un desatascador en las listas de espera». Nieto argumenta su posicionamiento asegurando que ningún otro perfil sanitario, ya sean de medicina o enfermería, puede hacer un diagnóstico más preciso de los pies que un podólogo.
«Alteraciones morfológicas de los pies, patologías dérmicas como hongos y papilomas, o tratamiento del pie diabético; son solo algunas de las dolencias que podríamos tratar de manera más eficiente, sin la necesidad de que los pacientes sean derivados a diferentes especialistas antes de que se les prescriba el tratamiento más idóneo», explica la podóloga valenciana. A todo ello habría que sumar las campañas de prevención y cuidado de pies que estos profesionales podrían articular a través del sistema público, y que también llevan reclamando muchos años.
Otra de las razones en las que Nieto fundamenta su demanda es en el gran crecimiento que ha experimentado su profesión, y es que de los 50 colegiados que la institución tenía en sus orígenes -hace 25 años-, se ha pasado a 1.238 en la actualidad. Destaca además el alto grado de feminización de la profesión, y es que algo más del 61% de las personas colegiadas son mujeres.
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