Zaplana recurre ante el Supremo su condena por la trama de las ITV en el 'caso Erial'

El expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana ha recurrido ante el Tribunal Supremo la condena de la Audiencia de Valencia a 10 años y cinco meses de prisión por recibir comisiones por la adjudación de estaciones de ITV en la Comunitat Valenciana, el conocido como 'caso Erial'. La defensa del jefe del Consell alude a «engaño», pruebas prefabricadas, indicios equívocos, contradicciones e indefensión en comparación con los acusados que pactaron con la Fiscalía.

La Audiencia de Valencia encontró a Zaplana culpable de los delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental y blanqueo de capitales y, junto a la pena de cárcel. Además de las penas de prisión, se le impusieron multas que en total superaban los 25 millones de euros.

El expresidente de la Generalitat pide su absolución porque la causa tiene origen en un «engaño»: la obtención de los documentos conocidos como 'hoja de ruta' del testigo sirio que se intervinieron en el despacho del abogado del conocido como 'yonki del dinero', el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, en el marco de otro procedimiento judicial.

«Es imposible negar que la mal llamada 'hoja de ruta' no solo ha servido para justificar el inicio de la presente instrucción, sino que además ha servido de amalgama para intentar cohesionar las distintas afirmaciones y deducciones policiales sobre las cuales se articuló, desde el inicio de la causa, una verdad meramente aparente y formal que carece, no solo del más mínimo sustento probatorio sino, incluso, de la más mínima lógica», se expone.

El hallazgo de estos papeles, señala el recurso, se produjo durante la entrada y registro al despacho de abogados sin una resolución judicial que lo amparase. Además, una vez obtenidos los documentos, los agentes de la UCO «realizaron al margen del más mínimo control judicial una investigación paralela y prospectiva de casi cinco meses durante la que llegaron a acceder a protocolos notariales», se denuncia. El abogado considera así que esta prueba es nula de pleno derecho. A este respecto, la Audiencia indicó en la sentencia que los documentos tenían el valor de denuncia anónima pero nula relevancia en el fallo.

En relación con el supuesto amaño de las adjudicaciones de las ITV, el abogado expone en el recurso que los documentos que obran en el expediente contradicen varias afirmaciones que se realizan en la sentencia, particularmente en relación al papel de la Mesa de Contratación, al valor dado a los criterios objetivos y en la supuesta realización de varios trámites complejos en un solo día.

Al respecto, señala que se trata de dos resoluciones que no fueron dictadas por Zaplana sino por otras personas que declararon no haber recibido ninguna presión, sugerencia o indicación de Zaplana para influir en las adjudicaciones. Además, expone que el procedimiento no se realizó todo en un día; que la Mesa asignó los puntos de valoración y que todos los miembros de la mesa declararon no haber recibido ninguna instrucción o directriz.

Y, en esta línea, niega que exista una dádiva a Zaplana como conexión casual con las adjudicaciones de las ITV. Con todo, sobre este asunto, se resalta: «La adjudicación era ajena a las funciones de Eduardo Zaplana como presidente de la Comunitat Valenciana, no estaban dentro de sus competencias ni interfirió, presionó o dio instrucción alguna a las autoridades o funcionarios que sí tenían dichas competencias y funciones».

El letrado de Zaplana afirma en el recurso que a falta de pruebas, la condena se apoya en «declaraciones pactadas de forma clandestina» por la Fiscalía con otros acusados «para que estos incriminasen a Zaplana a cambio de absolución o rebaja de pena». Al respecto, cita al empresario uruguayo Fernando Belhot, quien testificó contra Zaplana y aseguró que gestionó en el extranjero los fondos de origen ilícito del expresidente.

Por otro lado, se indica que a otros acusados en el procedimiento como Joaquín Barceló, Juan Francisco García y sus cónyuges tuvieron un «trato privilegiado» a cambio de declarar contra Zaplana en el juicio. Esto ha generado «indefensión» al exministro, tal y como se expone.

Por otra parte, el recurso subraya que la sentencia de la Audiencia absuelve a quien también fuera expresidente de la Generalitat y exconseller José Luis Olivas y al propio Zaplana de hechos relacionados con el Plan Eólico con argumentos que «son aplicables de forma idéntica a la adjudicación de las ITV».

Con todo, lamentan que la sentencia de la Audiencia condene a Zaplana por resoluciones dictadas por otros -la prevaricación-; por un supuesto ofrecimiento de dádiva hecho después de la adjudicación; y (blanqueo) por operaciones «que tienen acreditado el origen del dinero».